Los jubilados saben de atropellos a sus derechos. Basta escucharlos para que enseguida nos traigan a la memoria algunos datos que ayudan a comprender su enojo frente a situaciones que parecieran repetirse en la historia.  Uno de ellos, el Decreto 1777 de 1995, cuando el exgobernador Ramón Mestre recalculó el 82% móvil generando un recorte de alrededor de 18% en los haberes. Hubo una avalancha de juicios que llegaron incluso hasta la Corte Suprema de Justicia que, recién en el 2007, lo declaró inconstitucional.

En el año 2008, con la ley 9504, se modificó la fórmula de cálculo de la prestación de la ley 8024, y  pasó a ser el 82%  del promedio de las últimas 48 remuneraciones brutas. 

Han sufrido también el diferimiento ya en otras épocas, como en el  2.012, durante la gobernación de José Manuel de la Sota. Se dispuso un pago diferido de las subas de los haberes de los jubilados, a través de la ley 10.078. Otra de las repudiadas en tantas manifestaciones de protesta de los beneficiarios de la Caja.

En diciembre de 2015, el gobernador Juan Schiaretti terminó con el diferimiento. Una alegría que duró poco, casi nada, porque inmediatamente introdujo un cambio sustancial con un recalculo en los haberes mediante la resistida ley 10.333. Un nuevo sistema a través del que se terminaba pagando el 73% del sueldo activo bruto. Una de las promesas de campaña, del entonces candidato Schiaretti,  fue derogar la 10.078, y cumplió,  pero con la 10.333 bajó un 11% la jubilación sobre la remuneración neta.  

Cada una de estas decisiones del Gobierno, acompañada por los legisladores que votaban a favor de las leyes, en contra de los jubilados, los llevaban a protestar en las calles de Córdoba, a paso lento y cansado pero con la seguridad de la lucha por la recuperación de sus derechos vulnerados. Durante esas marchas, una de las consignas que aparecía reiteradamente era “No a la armonización”. Por eso hoy, al conocerse la existencia de un proyecto, que ya se transformó en ley,  que modificaría el sistema de jubilaciones de los cordobeses, muchos, lejos de sorprenderse, afirmaron con conocimiento del tema y años de experiencia: “esto es una crónica anunciada”. Así todo, fue impactante que se diera en el contexto mundial en el que nos encontramos, me refiero a la pandemia del Covid19.

Y justamente aquí, en la ciudad de Córdoba, en la que hace 24 horas volvimos a la fase 3 de la cuarentena. No se puede salir a la calle, menos a protestar, y mucho menos quienes por edad pertenecen a uno de los grupos de riesgo. 

¿Qué dicen los jubilados y las jubiladas? Desde hace 30 años estamos en emergencia previsional, se reducen las prestaciones de los activos, aparecen jubilaciones anticipadas, leyes y decretos, recortes y más recortes, pero el desfinanciamiento de la Caja no termina. Por eso es que afirman que están cansados de ser la variable de ajuste, de ser quienes pagan las consecuencias de malas administraciones y decisiones políticas convenientes a otros, nunca a ellos;  de sufrir recortes a sus haberes en un momento dónde lo lógico sería que puedan vivir en paz, con dignidad y sintiendo el respeto a una vida transitada en la que han aportado, luego de años de trabajo, y lo justo es que perciban lo que les corresponde por derecho.

Para ellos, esta nueva ley significa otro atropello. Un nuevo abuso, lisa y llanamente. Una vez más en la historia previsional de Córdoba, los jubilados vuelven a ser los perjudicados.