Obviemos la ilegalidad que reviste la expropiación coactiva de una de las mayores empresas agroindustriales del país. Con su decreto, el presidente Alberto Fernández pasó por encima del juez que intervenía en la causa, desconociendo sus propios límites. Tampoco nos detengamos en el mensaje de inseguridad jurídica que se acaba de enviar al resto del mundo. Con certeza, este avance del gobierno sobre el sector privado representa un precedente grave y un indicador inequívoco de que vamos otra vez rumbo a un “superestado” que utiliza el truco gastado de invocar la palabra soberanía para decretar acciones que dañan derechos. Los argentinos ya vimos esta película unas cuantas veces. ¿Acaso puede tener otro final?

Se equivoca el presidente Alberto Fernández cuando manifiesta que “no hay otro modo” que la expropiación para asegurar la continuidad de la empresa en marcha. Nadie cree que en el gobierno hayan pasado por alto el recurso dispuesto en la Ley 24.522 de concursos y quiebras para evitar de manera legítima la muerte de la empresa. El salvataje o “cramdown”, adoptado del derecho anglosajón a numerosas legislaciones en el mundo, yace enunciado en el artículo 48 de la ley 24.522. De hecho, existen casos en nuestra jurisprudencia que afirman su plena validez. Cuando se acude a este recurso, el juez, en vez de declarar la quiebra, abre un registro y en él se inscriben los interesados en adquirir la empresa. Si Vicentín tenía una situación teóricamente irremontable, el Estado, uno de sus principales acreedores (a través del Banco Nación), podría haber valuado sus derechos y el juez hubiera permitido que participe en las decisiones de la empresa en marcha, con el objeto de salvaguardar la soberanía alimentaria que invocan tan frenéticamente.

Si otro argumento para expropiar fue el de proteger los empleos, es igual de falaz. La ley estipula que a través del cramdown, los trabajadores de Vicentin pueden formar una cooperativa con la suma de las participaciones. Los empleados no solo tienen la posibilidad de convertirse en accionistas de la empresa después de la quiebra, sino que lo pueden hacer durante el procedimiento preventivo y ganar injerencia en las decisiones. O sea, la empresa seguiría siendo la misma: solo se reemplazarían los accionistas.

Si el objetivo velado de la expropiación fue culpar a un enemigo político, han cometido un error garrafal. La deuda de Vicentin con el Banco Nación era de $1295 millones de pesos cuando Cristina Kirchner dejó el poder en 2015. También tenían aprobada una línea de crédito por U$S 170 millones. La deuda no nació en el gobierno de Mauricio Macri, como pretenden imponer, sino que se agravó, entre otras cosas, por la situación macroeconómica.

Argentina hoy tiene una oportunidad única en un mundo que necesita cada vez más alimentos. No hay dudas de que el agro será el área que menos trabas encuentre en un mundo más cerrado al comercio por efecto de la pandemia y el reordenamiento geopolítico. No hay límites para nuestros productos agrarios, sobre todo en situaciones como esta, donde tantos países deben asegurarse el abastecimiento de alimentos. No me cabe duda que si cuidamos la seguridad jurídica y las instituciones permanecen confiables a través de los gobiernos, Argentina, un país bendecido en cuanto a la productividad de su tierra, puede convertirse en el supermercado del mundo.

El gobierno podría haber intentado un salvataje sin mostrar desprecio por el imperio de la ley y poniendo en duda el estado de derecho con todas las consecuencias que eso acarrea, máxime en un momento clave para la renegociación de la deuda soberana. Quizá la vía institucional les ha parecido demasiado incómoda...

Vamos a continuar marcando los errores de este gobierno y fortaleciendo a la ciudadanía con política transparente, responsable, exigiendo que se cumplan los mandatos constitucionales y proponiendo iniciativas superadoras. Tal vez ese sea el camino más certero a la soberanía de todo tipo.