"No vamos a otorgar facultades a un Gobierno que no quiere controles de nadie"
El concejal Juan Pablo Quinteros mostró su oposición al proyecto de cambios al transporte urbano que se trataría este viernes. Cuestionó libertades al Ejecutivo.
La coincidencia es que "algo hay que hacer" y que la crisis del transporte urbano "viene de antes de la pandemia" y que se agudizó por la actual situación sanitaria.
Pero el concejal opositor Juan Pablo Quinteros es tajante: "Me enteré del proyecto por los medios de prensa; es muy poco serio trabajar así".
La referencia es el 'plan de contingencia', cuyo proyecto el Poder Ejecutivo municipal envió para que sea tratado en comisión este jueves y que el órgano legislativo trate el viernes en el recinto.
"La ordenanza otorga amplísimas facultades para una gestión que pareciera que no quiere tener control de nadie, porque las facultades que otorga el texto son para todo el sistema integral de transporte", adujo Quinteros.
Por la complejidad del tema, el edil rechazó "tratar en un puñado de horas" el breve articulado de la norma, que otorga la posibilidad al intendente Martín Llaryora como máximo por dos años a "adoptar medidas extraordinarias, urgentes y necesarias" y "todas las medidas pertinentes para la restitución del servicio".
El representante de Encuentro Vecinal remarcó que "no tengo acceso a ningún número, ni salariales ni balances y números de las empresas" por lo cual "les tengo que creer a las autoridades".
Entrevistado por radio Universidad, consideró "discrecionales" las facultades que serán otorgadas si todo el bloque oficialista vota a favor, porque le permite "hacer lo que quiera" con "un sistema que nos compete a todos y que en esta crisis debemos cuidar y controlar más que nunca".
Y fue tajante: "Esto es una falta de respeto al vecino. El proyecto no dice hacia dónde va el transporte".
"Estatización"
A su vez, la representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Laura Vilches, remarcó que presentó un proyecto propio, que apunta a "la estatización" del esquema.
Cuestión escasamente tratada a nivel nacional, los incumplimientos de las empresas en el pago de salarios más allá de la crisis "la ponen en condición de rescisión contractual".
Por eso Vilches apunta a un rol activo de los trabajadores.