¿Quién es el juez salteño que ordenó la detención de una médica por practicar una ILE?

Fernando Mariscal Astigueta, juez de Garantías 2 de Tartagal, saltó a la notoriedad pública en 2016, cuando tras un brutal y trágico hecho padecido por una niña de la comunidad wichí, le negó el derecho al aborto y no atendió con eficiencia la causa.

El 28 de noviembre del 2015 Juana, quien en ese momento tenía sólo 12 años, fue encontrada desvanecida en la zona de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay, en el paraje Alto La Sierra, a unos 85 kilómetros del municipio de Santa Victoria Este. Había sido brutalmente violada por ocho hombres. Sus padres realizaron la denuncia judicial correspondiente. 

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió la detención de los acusados mayores de edad, pero al tiempo fueron liberados por falta de pruebas. 

Al poco tiempo se supo que como consecuencia del brutal ataque, la niña había quedado embarazada. Cazón volvió a pedir la detención de los 5 mayores, pero el juez Mariscal Astigueta sólo ordenó la detención de uno de ellos.

Ver también: Escándalo en Salta: detuvieron a una médica por practicar una ILE

Luego de meses de lucha de su familia y del movimiento de mujeres, finalmente el 3 de junio de 2016 la niña, quien corría riesgo de vida, fue intervenida quirúrgicamente. El bebé nació anencefálico y murió a los pocos minutos. Ocurrió horas antes de las movilizaciones masivas en todo el país por #NiUnaMenos que en Salta visibilizaron también el caso de Juana.

La cesárea que se le hizo a la niña, vulnerando todos sus derechos, se realizó en el Hospital Público Materno Infantil, de Salta capital, tras haber sido obligada a maternar luego de una violación.

La protección política: 

La provincia en ese entonces contaba con el protocolo 1170 que reglamentaba el acceso al derecho al aborto no punible en casos de violación (Derecho otorgado también por el Código Penal de 1921). Fueron el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la Ministra de Derechos Humanos en ese entonces, Pamela Calletti, las caras visibles de la negativa a este derecho elemental.

Ante la repercusión nacional que adquirió el caso por la intervención de distintos colectivos feministas, el juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, pidió un Jury de Enjuiciamiento en contra del juez Mariscal Astigueta  y el fiscal penal de Salvador Mazza, por presunto “mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes a su cargo”.

La presentación expuso que “casi siete meses más tarde de la comisión del hecho aberrante por una banda de inadaptados, todavía ni el juez ni el fiscal cuentan con pruebas de material genético para inculpar a los responsable (…)”. Asimismo, manifestó que recién a partir del 3 de junio, el juez comenzó a movilizar de “manera paquidérmica y con preocupante incuria la maquinaria judicial”, según el escrito de Cornejo.

"Las medidas judiciales tomadas durante el procedimiento penal no fueron oportunas, ni eficaces, ni conducentes para el esclarecimiento del hecho. Todo lo contrario”, indicó el denunciante, remarcando el hecho de “haber dejado trascender públicamente el nombre de la víctima, sin haber tomado recaudo ni seguridad alguna”.

“No se conoce a esta altura, que ni el juez, ni el fiscal, ni otros funcionarios actuantes hayan ordenado diligencia alguna a favor de la víctima”, concluyó Cornejo.

Al poco tiempo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta declaró inadmisible la acusación contra el juez y el fiscal.

Por mayoría, los integrantes de jurado expresaron que “las imputaciones efectuadas no se revelan conducentes para habilitar la instancia de enjuiciamiento en los términos del art. 160 de la Constitución Provincial, por lo que corresponde, a tenor de lo dispuesto por el art. 12, segundo párrafo, de la Ley 7138, declarar la inadmisibilidad formal de la acusación particular”.

De esta manera quedó consolidado el pacto patriarcal entre los tres poderes de Salta: el Ejecutivo, encabezado por Urtubey, el Judicial, por el presidente de la Corte de Justicia y del Jury de enjuiciamiento, Guillermo Catalano, y el Legislativo con los senadores Jorge Soto y Silvina Abilés. 

Fuentes: Télam, laizquierdadiario; diariojudicial.com