Bugliotti recurrió a la Justicia para poder demoler el estadio

Euclides Bugliotti le solicitó al Tribunal Superior de Justicia  que declare inconstitucional la ordenanza 13.097, que declaró "interés municipal" al superdomo Orfeo, ya que considera que  fue un acto "ilegal, arbitrario y carente de razonabilidad jurídica"

Según un informe de La Voz, el empresario sostiene que, en caso de que se aplique la ordenanza mencionada, vulneraría derechos constitucionales, como el de la propiedad, el de ejercer el comercio, el de igualdad y el de trabajar. 

Dichos  expedientes habrían sido iniciados antes de que el inmueble fuera declarado de "interés municipal" por el Concejo Deliberante, por lo que Bugliotti entiende que la demora en la autorización de los mismos, habría sido una maniobra del municipio para perjudicarlo.

Funcionarios municipales dijeron off the record que aún no fueron notificados de la presentación y se negaron a hacer declaraciones acerca el tema.

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Contra todos

En el escrito, el empresario acusa a la Municipalidad de Córdoba y al Concejo Deliberante de actuar de mala fe y de modo avieso para restringir el derecho de propiedad, impidiéndole convertir el mini estadio en un complejo de departamentos.

Bugliotti  es particularmente duro con  el intendente Martín Llaryora y  los concejales oficialistas, a los que acusa de actuar de modo avieso, de mala fe, con ardides para impedirle  el  ejercicio del derecho de propiedad.

Es por eso que insiste en la justicia en que se autorice la demolición del Orfeo, y, previendo que la resolución podría tardar varios años, solicita una medida cautelar para que no se le impida hacerlo, y poder así refuncionalizar el lugar.

Si el TSJ da curso favorable a la solicitud, debería suspender la ordenanza que declaró de interé s municipal al inmueble.

Por último, y anunciando que de ser necesario recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, el dueño del Grupo Dinosaurio hace reserva de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios en caso de que la Municipalidad se niegue a otorgar los permisos requeridos.

Sostiene que la  eventual demanda, incluiría lucro cesante sobre la base de cálculo de la inversión prevista y su rentabilidad, lo que implica una cifra millonaria que debería salir de las famélicas arcas municipales.

Fuente: La Voz