El fiscal federal Franco Picardi impulsó la apertura de una investigación para determinar si desde las más altas esferas del Ministerio de Seguridad de la Nación se pergeñó un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos, principalmente inmobiliarios, sobre esa zona, revelaron fuentes judiciales.

El fiscal imputó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su exjefe de Gabinete, Pablo Noceti; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba.

En el dictamen presentado ante la jueza Capuccheti, el fiscal sostuvo que corresponde investigar si los funcionarios denunciados "se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas".

El representante del Ministerio Público Fiscal también señaló en su dictamen que entre aquellos que pretenden la explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina hay muchos que podrían tener "relaciones de distinta índole con funcionarios del actual Gobierno Federal".

El fiscal también remarcó que la investigación deberá dilucidar "si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura de la RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede".

Cabe recordar que, en Chile, el exjefe de Carabineros Gonzalo Blu, junto a 10 efectivos, se encuentran tras las rejas por una investigación similar.