Buscan remover de sus cargos a funcionarios con causas de violencia
Un proyecto, presentado en el Concejo Deliberante, busca erradicar la violencia de género en el ámbito político y jerárquico municipal. Incluye a quienes no cumplan con la cuota alimentaria.
En el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se presentó un proyecto de Ordenanza para erradicar la violencia de género en el ámbito político y jerárquico municipal.
La propuesta, impulsada por el concejal Diego Casado, surgió como respuesta a la situación de violencias que viven las mujeres, recrudecidas en tiempos de cuarentena y "tiene como objetivo limitar la permanencia y el acceso a cargos de orden público y de rango jerárquico dentro del estado municipal, a todas aquellas personas que tengan causas en proceso por violencia de género y violencia familiar o que cometan hechos en el ámbito público, que a prima facie, inadmitan una suspensión de proceso a prueba"
El funcionario, en diálogo con un móvil de Canal 10 explicó que, además de la violencia de género, este proyecto incluye el incumplimiento de la cuota alimentaria "por parte de aquellos que cumplen la función pública y tienen que dar el verdadero ejemplo".
Detalló que, en este caso, el proyecto alcanza a concejales y funcionarios municipales pero cree necesario la extensión a todos los estamentos del Estado.
Detalles del proyecto
Uno de los artículos del proyecto reza: "Se establece como requisito de admisión, promoción y permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública la obligatoriedad de no poseer activas o en proceso causas penales por violencia de género y violencia familiar, que a prima facie, no representen un hecho aislado que de lugar excepcionalmente a una suspensión de juicio a prueba y no al debate plenario como lo indica la regla. En caso de que se compruebe que un funcionario y/o agente municipal no cumple con la requisitoria, se producirá automáticamente de pleno derecho el apartamiento automático del mismo por la afectación de una norma de orden público como lo es la tutela de los derechos de las mujeres y de los niños".
Del mismo modo aplica a "la obligatoriedad de la presentación del certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos que acredite la situación personal del solicitante. En caso de que se compruebe que un funcionario y/o agente municipal no cumple con la requisitoria y que mantiene adeudadas mesadas alimentarias, se producirá de pleno derecho y de manera automática el apartamiento del mismo por la afectación de una norma de orden público.”