Este lunes, ingresó al Senado de la Nación el proyecto de renovación del Código Penal.

Elaborado por el Poder Ejecutivo, la norma “madre” busca renovarse, incorporando, según se aduce, precisiones de poco menos de mil normas vigentes en el país.

El endurecimiento de penas, en casos de corrupción y ampliando el espectro por sobre funcionarios públicos, es una de las cuestiones que el Gobierno intenta imponer.

En la misma medida en que llevó adelante la gestión, también incluye condenas a quienes arrojen proyectiles “contra integrantes de la fuerza pública” y quienes "detengan o entorpezcan la marcha de un medio de transporte".

Los cortes y movilizaciones no son, pese al rango constitucional de la protesta en el país, del gusto de la administración central.

A su vez, con “el caso Arriola” como fallo de la Corte Suprema de Justicia como precedente, se busca despenalizar la tenencia de droga para consumo personal y en ámbitos privados.

Ahora, el Congreso de la Nación inicia el camino de renovación normativa.