La dificultad del acceso a espacios de cobertura, fundamentalmente física, para personas carenciadas, no es novedad en nuestro país. En ese sentido, el padecimiento que Lucía, la niña de 11 años violada por su abuelastro en Tucumán, y su familia debieron padecer, es otro botón de muestra.

El juicio por el caso llegó a su fin el viernes, con una condena a 18 años de prisión para el victimario, que tenía 66 años. No es menor que en el fallo se recomiende al Estado provincial brindarle a la víctima una beca para que pueda terminar sus estudios y le provea asistencia socioeconómica, sanitaria y psicológica, de manera gratuita.

El caso tuvo su epicentro en febrero de 2019, cuando después de una tortuosa consecución de hechos, a la pequeña le practicaron una cesárea, lo recomendable con sus 25 semanas de gestación.

Antes, en el hospital público “Eva Perón”, se le negó el pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dilatando la cuestión y derivando en el nacimiento de una beba de 600 gramos, fallecida poco después.

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En las últimas horas, se conoció una carta escrita a mano por Sol, la madre de la pequeña víctima. Da a conocer las ganas de que su hija “recupere su vida normal” porque “a toda nuestra familia la marcaron de por vida con este dolor”.

Bregó por reparar “todo el daño que nos causó el violador y quienes trataron de impedir que mi hija se haga la ILE”.

Detalló que “hubiera querido una condena a perpetua”, agradeció a “organizaciones y parte de mi familia” por el acompañamiento y pidió “que cierren la causa” contra los médicos que realizaron la intervención a Lucía: “Ellos salvaron la vida de mi hija”.

Es que el caso derivó, a su vez, en la imputación a José Gijena y Cecilia Ousset, los profesionales del ámbito privado que realizaron la cirugía, después de ser especialmente convocados por la negativa de los profesionales del servicio público.

Ilusionada, Sol dijo que su hija terminó la escuela primaria y “quiere hacer baile”.