Córdoba: el Concejo Deliberante autorizó facultades al Poder Ejecutivo
La ordenanza permite habilitar sistemas alternativos, modificar frecuencias, rediseñar líneas y establecer un nuevo orden económico-financiero.
El Concejo Deliberante aprobó este viernes el proyecto de emergencia del transporte urbano que envió el intendente Martín Llaryora en medio del conflicto que tiene paralizado el sistema.
El proyecto de cuatro artículos recibió el respaldo de 16 votos positivos contra 15 positivos. En su articulado prevé otorgar amplias facultades al mandatario municipal para intervenir sobre sistemas alternativos, modificaciones de frecuencia, rediseño de líneas y ordenamiento económico-financiero.
Desde la oposición criticaron los plazos de la emergencia, el traspaso de facultades al Poder Ejecutivo y la falta de claridad sobre la medidas para resolver la crisis del sistema.
Rodrigo De Loredo, del bloque Evolución, hizo alusión a que en la ciudad de Córdoba se instaló una "infectocracia" para utilizar la pandemia "de forma abusiva, artera, especulativa para hacerse de atributos para no poder ser controlados".
En tanto que desde la bancada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Laura Vilchez, reclamó la "declaración de utilidad pública y expropiación de la flota de colectivos como de inmuebles, de la gestión de los trabajadores y el control de los usuarios". Además planteó la creación de una comisión investigadora sobre el destino que los empresarios le dieron a los subsidios.
El edil oficialista Juan Domingo Viola fue el encargado de responder ante las criticas opositoras. "Nos dejaron pliegos del primer mundo y un transporte de cuarta quienes nos quieren hacer aportes, empiecen por pedir disculpas a los cordobeses", aseguró.
La sesión especial se realizó con un fuerte operativo policial en torno al Concejo Deliberante. En las afueras del edificio se concentró un gran número de choferes autoconvocados que rechazan el proyecto y temen un recorte salarial.
Además de las modificaciones en la prestación del servicio, la ordenanza tendrá un fuerte impacto en los salarios de los trabajadores de las empresas nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que resisten la medida con un paro de actividades que desde hace dos semanas.
Pidiendo "el esfuerzo de todos", durante esta semana el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, adelantó que la idea era aplicar una reducción estimada del 12% a los salarios de choferes, reduciendo días y jornadas de trabajo.