La suba de “un 4.000 por ciento” del costo de la generación de energía eléctrica en el país es uno de los puntos centrales que muestran en crisis a las cooperativas que prestan el servicio en todo el país.

Son alrededor de setecientas en Argentina y denuncian que uno de cada tres de sus usuarios se encuentra en mora, situación “históricamente negativa” en el rubro: "No pueden pagar".

El aumento de las conexiones ilegales, particularmente visible en Córdoba, tiene en vilo al presidente de la Confederación de Cooperativas Eléctricas Nacionales, Luis Castillo, quien convocó a todos los integrantes de las federaciones.

“Esto no es nuevo. En marzo convocamos a una movilización donde anticipamos esta situación, pero hoy la vemos agravada producto de la decisión del gobierno nacional de trasladar la tarifa social a las provincias, lo cual las reduce en un 50%”, indicó.

En diálogo con el programa La Primera, de radio Universidad, expresó que la cuestión apunta “directamente a los sectores vulnerables y comerciales”, y que “se nos fija el precio de compra y de venta”.

También dejó en claro el perjuicio que les genera que “la tarifa social cordobesa solamente es para usuarios de la empresa provincial (EPEC)”, excluyendo a las cooperativas, quienes a su vez prestan servicio en territorios más amplios y con menor promedio de clientes.