Alberto Fernández derogó un decreto vinculado a la política migratoria del expresidente Mauricio Macri, mediante la cual se habían establecido controles más estrictos para evitar el ingreso de extranjeros que tuvieran antecedentes delictivos,  y agilizaba los trámites de expulsión de inmigrantes que delinquieran en Argentina.

Desde el Gobierno nacional consideraron que los cambios efectuados por la gestión anterior resultaban "irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".

La anulación se publicó hoy en el Boletín Oficial -decreto 138/2021-, con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional. 25.871, más conocida como "Ley de Migraciones".

El decreto derogado hoy "modificó aspectos sustanciales" de esa ley, según explicaron las autoridades y agregaron que, como resultado de esas modificaciones, se observaron violaciones a los derechos humanos.

La medida implementada durante la gestión de Mauricio Macri, establecía la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplieran condena o tuvieran antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas ”.

La prohibición de ingreso abarcaba también a quienes estuvieran involucrados en actos de de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promovieran la prostitución. Además, las posibles causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fue su antigüedad”.

En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía "impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; eliminar la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringir el acceso a la nacionalidad argentina ".

"El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia ", señaló AI en esa oportunidad, e indicó que la normativa" amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes ".

Fuente Télam.