Este miércoles hubo formales novedades en la causa judicial que investiga los fraudulentos créditos otorgados por el Banco Nación a la firma Vicentin S.A., que hoy conllevan una deuda total por 18.000 millones de pesos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita emitió una resolución, por la que dispone la "inhibición general de bienes" de una gran cantidad de personas que intervinieron en los préstamos en cuestión.

Hace especial hincapié en los cumplidos durante las últimas semanas de gestión de Javier González Fraga, cuando la situación financiera de la firma era endeble, poco antes de que se declarara en concurso de acreedores.

También se bloquean bienes de quien era vicepresidente, Lucas Llach, y demás autoridades. Entre ellas, el cordobés Jorge Lawson, quien fue director de la entidad durante el macrismo.

También están incluidos los exfuncionarios Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Castellani, Guillermo Goldberg, Javier Okseniuk, Marcelo Pose, Ercilia Nofal, Juan José Fragati, Martín González, Susana Ojeda y Maricel Moschini.

En la misma condición de inhibición quedaron José Luis Testa, Luis María Restelli, Néstor Bled, Darío Giaccosa, Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Matías Colombo, Hernán Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli, representantes de la empresa.

Sin embargo, Pollicita remarca que "no se verifican elementos objetivos que permitan dar curso a la solicitud realizada por la Unidad de Información Financiera dirigida a disponer la inhibición general de bienes de Alberto Padoán y Gustavo Nardelli" como tampoco del expresidente Mauricio Macri ni el extitular del Banco Central, Guido Sandleris.

La disposición cuestiona que la entidad bancaria oficial, en lugar de hacer efectivos cobros, liberó fondos a Vicentin. La empresa, a su vez, realizó transferencias "burlando de tal forma, toda posibilidad de cobro por parte de la entidad bancaria".


3. Disponga la inhibición general de bienes respecto de las personas
jurídicas VICENTÍN SA y ALGODONERA AVELLANEDA SA y la
prohibición de innovar sobre su composición accionaria.