Partidos opositores trabajan en proyectos para restringir la salida anticipada de presos de las cárceles como consecuencia de la pandemia del coronavirus, tema muy discutido durante la semana pasada.

Desde Juntos el Cambio, un grupo de diputados encabezado por el radical Luis Petri presentaron un proyecto que propone la prohibición del otorgamiento de estos beneficios a quienes hayan cometido delitos graves.

El texto plantea la modificación de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad en diversos tramos. Quedarían fuera del beneficios los presos por homicidios agravados, abuso sexual, privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte, tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte y financiamiento del terrorismo, entre otros.

En paralelo a esto, la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, presentó un proyecto de ley que modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal.

Según el documento, la detención domiciliaria no podrá concederse, "en ningún caso", para aquellas personas condenadas por delitos contra la vida; delitos cometidos con motivo de violencia de género; delitos contra la integridad sexual; robo agravado; secuestro extorsivo, y asociación ilícita, entre otros casos.

"Bajo ningún punto de vista debemos permitir dar paso, en este momento tan delicado, a los oportunistas que aprovechan esta coyuntura para avanzar con medidas que en otro momento no lograrían", señaló la diputada.

En cambio, la legisladora sí considera pasibles de reclusión domiciliaria al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; el interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; el interno discapacitado cuando la privación de la liberad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; el interno mayor de 70 años; la mujer embarazada, o la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.