El Estado será querellante en la causa contra Mauricio Macri
Se busca poder participar en la causa judicial en la que se investiga eventuales irregularidades en el proceso de toma de deuda de la administración anterior con el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno nacional instruyó este viernes al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así lo establece el Decreto 239/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.
“Se instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, indica el documento en su primer artículo.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. La investigación busca determinar si hubo irregularidades en el acuerdo para la toma de deuda con el FMI por unos 45.000 millones de dólares.
El Decreto también le pide al Procurador que "coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado".
En tanto, en el artículo 2° del documento, se insta a “iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal".
También se instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios".
Fuente: Agencia Télam