Desde el próximo viernes, la utilización de la “prisión preventiva”, que permite encarcelar a procesados en casos de “riesgo de fuga” y posible “entorpecimiento de la investigación” de un caso contará con mayores restricciones.

Así lo establece la resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal, creada en el ámbito del Congreso de la Nación.

Apuntada a los tribunales de todas las jurisdicciones federales del país, fija “pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso", intentando recortar el margen de interpretación de jueces, y brindando, de manera explícita, “métodos alternativos de resolución de conflictos”.
Los magistrados reciben “un minucioso y detallado catálogo de medidas de coerción personal” que pueden interferir procesos judiciales, y marcando grados de “progresividad y jerarquía” a tener en cuenta desde ahora.

El trabajo de la comisión consiste desde ahora en continuar con el proceso de adaptación, cuya implementación del cambio de estos artículos ya está vigente en Salta y Jujuy, con la idea de consolidar certezas en el marco de “interpretaciones disímiles y contradictorias que provoquen situaciones de desigualdad ante la ley”.