La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas contra tres militares retirados sentenciados a 13 y 10 años de prisión por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, el atentado que provocó la muerte de 7 personas el 3 de noviembre de 1995, dejó más de 300 heridos y destruyó decenas de viviendas.

Con este fallo, quedó confirmada la certeza judicial de que se trató de un atentado explosivo intencional que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem.

Los condenados son el entonces director de la Fábrica Militar Jorge Antonio Cornejo Torino, el director de Producción Carlos Franke y el entonces director de Coordinación Empresaria Edberto Gónzalez de la Vega, que recibieron 13 años de prisión; y Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica, que recibió 10 años. Fueron encontrados responsables del delito de estrago doloso seguido de muerte.

Esta decisión dejó firme la sentencia del 19 de diciembre de 2017 que habían firmado los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Gustavo Hornos.

En la causa, el ex presidente Carlos Saúl Menem, fallecido el 14 de febrero, fue absuelto, luego condenado y posteriormente absuelto en 2018 por prescripción a falta de una condena firme. La Corte Suprema de Justicia revisaba la absolución y debía declarar el 24 de febrero.

Las explosiones

El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, la primera de tres explosiones desencadenaba la tragedia en la ciudad cordobesa de Río Tercero que dejó siete muertos, más de 300 vecinos heridos y daños millonarios. 

Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.

De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.

La investigación

La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones".

Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.

A las 17 de ese día y mientras se sucedían las explosiones, Menem se hizo presente en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó que el hecho era producto de "un accidente", que había que descartar el atentado e incluso les remarcó a los periodistas presentes: "Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra".

Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó tres decretos ideológicamente falsos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.

El primero en vincular el contrabando de armas con esos países en guerra fue el fiscal Carlos Stornelli. Pero sus superiores dividieron la investigación y así la voladura fue a Córdoba y la causa madre que, al principio, en Comodoro Py. Ecuador se encontraba en guerra con Perú por la cordillera del Cóndor y Croacia con Serbia en la guerra por la participación de la ex Yugoslavia. Incluso, Menem había mandado cascos azules a los Balcanes dentro de una operación de las Naciones Unidas.

Los peritos demostraron que el trotyl almacenado que inició la explosión no pudo haberse prendido fuego sin el uso de un fósforo, un encendedor u otro método manejado por un ser humano como un detonador.