No fueron pocas las voces que, con el avance del juicio que investigó el encubrimiento del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelí en Argentina (AMIA) de 1994, denuncian el “giro” de parte de la querella que llevó adelante el propio Estado argentino en el caso.

Con maniobras que fueron desde el cambio de abogados hasta la desintegración de la Unidad Fiscal de Investigación exclusiva para la causa AMIA (que en su momento comandó Alberto Nisman), familiares de víctimas del hecho terrorista le apuntaron directamente al ministro de Justicia, Germán Garavano.

Acusaron a los nuevos abogados de tener una marcada cercanía con los imputados, sobre quienes debían poner la lupa para dirimir sus responsabilidades.

A la hora de los alegatos, el pedido de absolución para los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia no fue novedad, por caso, para la agrupación Memoria Activa, también querellante del caso en pos de la búsqueda de justicia por familiares fallecidos.

Memoria Activa aduce, en tal sentido, que el ministro de Justicia, Germán Garavano, con injerencia en el caso, debe presentar la renuncia.

Sin embargo, las pruebas eran contundentes: en el primer proceso, la Justicia buscó desviar la atención del caso y encubrir a los verdaderos responsables. Se perdió tiempo y una posibilidad histórica, pero este jueves pasado y con matices, hubo justicia.

Para la agrupación, el argumento contra el funcionario nacional es porque "defendió delincuentes" y gracias a muchos de esos "intereses espurios", llegan a una terrible conclusión: "Nunca vamos a saber lo que pasó en la AMIA".

La paradoja fue que, 25 años después del atentado que mató a 85 personas, recién se pudo confirmar que integrantes de la Justicia y el Gobierno (hubo condenas para el exjuez Juan José Galeano y el extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy) interfirió y desvió las miradas.

La preocupación actual, esgrimida y visibilizada desde el trabajo a destajo de ciudadanos que perdieron a familiares en el hecho (no de autoridades políticas ni de la comunidad judía o medios de comunicación masiva) es la de que exista una continuidad encubridora, por el mencionado caso del Gobierno y los fiscales.