Las condiciones de marginalidad social en la que se encuentran muchas de las internas de la Cárcel de Mujeres ubicada en cercanías a Bouwer es uno de los motivos que lleva a que el gobierno provincial haya resuelto su intervención.

La muerte de dos internas en menos de un mes derivó en la salida de la cúpula y la necesidad de brindar un enfoque más “social” a la dependencia.

Las primeras decisiones apuntan a habilitar las visitas a las más de 40 detenidas que se encuentran con prisión preventiva, y que al perder contacto familiar y con sus hijos sus condiciones de salud se iban deteriorando.

La necesidad de llevar adelante “un diagnóstico” de estas internas surge en virtud de la muerte de Elisa Castaño, de 34 años, certificada en la madrugada del pasado domingo.

El Ministerio de Justicia provincial ya cuenta con un pedido realizado desde el espacio carcelario para agilizar trámites de los DNI de niños que tienen a su madre detenida, ya que tal condición no se les permite ingresar y verlas.

La situación social de muchas de ellas lleva a que, en algunos casos, hasta haya que tramitar la partida de nacimiento.

También se evalúa habilitar la posibilidad de que, a través de un juez de familia, los hijos que no son llevados por padres o familiares a ver a su madre, lo puedan hacer.

La extensión horaria es una alternativa que se podría llevar adelante.

El contacto vía videoconferencias es otra de las opciones que se maneja como posibles modificaciones al esquema.