Un escándalo de magnitud toca las puertas de los funcionarios que estuvieron al frente de Arsat durante el Gobierno de Mauricio Macri. Perjuicios multimillonarios para la empresa estatal a raíz de la suspensión de la construcción del tercer satélite argentino; contrataciones directas; beneficios a empresas allegadas; provincias que quedaron sin conectividad y balances poco claros forman parte del amplio menú de irregularidades que relevó el medio Ámbito Financiero.

Negociaciones incompatibles y fraude al Estado están entre los posibles delitos cometidos por la gestión que culminó en diciembre 2019. Bajo la excusa de la búsqueda de financiamiento externo y con el objetivo de un recorte en la inversión estatal, el expresidente de ARSAT durante el Gobierno de Macri, Rodrigo de Loredo -yerno del exministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad- justificó en marzo de 2016 la interrupción de la construcción del ARSAT III, que el kirchnerismo había proyectado para lanzar al espacio en 2019. Sin embargo, la lluvia de inversiones para el plan satelital nunca llegó y, según un relevamiento de las nuevas autoridades, causó un perjuicio para la firma estatal de u$s38 millones.

Tras la interrupción del proyecto en forma unilateral, ARSAT quedó con la obligación de enfrentar pagos de contratos pendientes en dólares y en euros. Uno de ellos es con la empresa Airanespace, a la que se le deben facturas por un total de u$s20.300.000. Otra de las deudas es con Ariane Group (ex Airbus) por €696.350. También se registra una mora con la firma Thales Alenia Space, por €308.057,38 más los intereses. A todo eso hay que sumar 14 millones de euros que el Estado argentino deberá destinar en total para conservar la posición orbital (POG 81°O), algo que no se debería costear aparte “si el proyecto no se hubiese interrumpido”, dice el documento oficial al que accedió Ámbito.

Deudas

Entre 2016 y 2019 no sólo se discontinuó el desarrollo planificado del plan satelital argentino, sino que las deudas en ARSAT se incrementaron y los balances no fueron tratados nunca en Asamblea General, como estipula la normativa. La evaluación debe hacerse cada cuatro meses, luego del cierre de cada ejercicio. Según estimó la nueva administración, distintos clientes del sector público nacional le deben a ARSAT más de $1.400 millones, de los cuales $1.300 difícilmente puedan recuperarse, ya que los cobros están vencidos.

Provincias sin conectividad

En noviembre de 2015 se sancionó la ley 27.208, que declaró el desarrollo de la industria satelital como parte de una política de Estado. La normativa aprobada por el Congreso instruyó al Poder Ejecutivo a través de ARSAT a ejecutar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, que incluía la construcción del ARSAT III. Las consecuencias del incumplimiento del proyecto por parte de las autoridades macristas no fueron sólo económicas. Ocurre que los ARSAT I y II no son suficientes para la cobertura de todo el territorio nacional. Con el tercer satélite que nunca se puso en órbita son muchas las provincias a las que hoy no se les puede brindar servicios de banda ancha satelital eficientes, lo que mantiene la brecha digital en las zonas del país sin cobertura terrestre.

Pero, además, la suspensión del ARSAT III impidió a la empresa de capitales estatales posicionarse de lleno en el mercado de servicios satelitales, donde no había competencia alguna. La falta de impulso al plan establecido por ley condicionó el crecimiento de la compañía y obligó a la contratación de terceros. Hecho que, además, no solucionó la falta de cobertura en algunas regiones.

Contratos bajo sospecha y fuga de cerebros

En ARSAT ocurrió lo mismo que en otras reparticiones y empresas del Estado durante el Gobierno de Cambiemos: mientras se recortaban recursos con el argumento de la austeridad, bajo el mando de Loredo se pagaron cuantiosos honorarios a los cargos directivos y se realizaron contrataciones directas que hoy quedaron bajo sospecha. Un total de veinte de ellas fueron dadas de baja por la nueva gestión. Se trata de servicios de consultoría; mantenimiento y desarrollo de aplicaciones; “servicios de back office”; “asistencia en gestión de proyectos”; desarrollo de “software de Gestión Documental” y de “inteligencia artificial”.

Según una auditoría interna de ARSAT a la que accedió Ámbito, una firma en particular fue adjudicataria directa una y otra vez. Se trata de Consensus Argentina S.A. a la que se le otorgaron cuatro órdenes de compra en siete meses, por más de 38 millones de pesos. El reporte de las nuevas autoridades habla de “contrataciones directas por urgencias injustificadas” y “hasta la contratación de una empresa para cobranza del servicio de internet satelital domiciliario, que es bonificado para los usuarios”.

Como se ve, la administración macrista en ARSAT dejó un tendal de irregularidades y consecuencias. Entre ellas, además, la fuga del recurso humano que, ante la discontinuidad del proyecto, dejó la firma para emigrar al sector privado en el exterior.

Lo mismo sucedió en el Invap, encargado del diseño y el desarrollo de los satélites que dejaron de construirse. Todas estas irregularidades fueron asentadas por la nueva gestión en una presentación ante la Oficina Anticorrupción, que está analizando la documentación presentada por las nuevas autoridades.

Desde los Servicios de Radio Televisión (SRT) se consultó al entorno de Rodrigo De Loredo respecto a su opinión sobre la investigación pero, por el momento, el implicado no dio declaraciones.

Fuente: Ámbito Financiero.