La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia que cite a indagatoria al empresario Ángelo Calcaterra y otros responsables del consorcio que debía soterrar el ferrocarril Sarmiento por la presunta comisión del delito de evasión agravada, por medio de "maniobras defraudatorias" por casi 5 millones de dólares.

Sucede que la Agencia consideró que existen las pruebas necesarias para concluir que las empresas involucradas en dicho proyecto (Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa), habrían recurrido a un contrato con la española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA (mejor conocida por las siglas DSC) para extraer 4,95 millones de dólares de los balances.

Según el fiscal federal Franco Picardi, el contrato con DSC fue una de las herramientas a fin de triangular dinero a través de Andorra, enviarlo a Uruguay y pagar desde ahí los sobornos. De acuerdo con lo que informó Hugo Alconada Mon en La Nación, AFIP siguió la misma línea "pero sin abordar la hipótesis de los sobornos, lo que excedería sus atribuciones".