El Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó este lunes el pedido de refugio político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales de Mauricio Macri durante su gobierno.

Lo investigan en Argentina por maniobras de extorsión y hostigamiento a los directores del grupo Indalo. El planteo de asilo había sido rechazado por la jueza de Uruguay, lo que fue confirmado por un tribunal de apelaciones.

Con esta decisión Interpol puede proceder a detenerlo ya que cuenta con pedido de captura internacional, expedido por la justicia argentina.

Este criterio coincide con el de la Comisión de Refugiados (CORE) uruguaya, que el año pasado dictaminó que no existía ningún elemento que demostrara arbitrariedad y, por lo tanto, justificara esa condición. Con este nuevo fallo, no podrá abandonar Uruguay porque de lo contrario se activará el pedido de captura internacional.

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón es uno de los imputados en la causa por la llamada "Mesa judicial" durante el gobierno de Mauricio Macri. Abandonó el país el 8 de diciembre de 2020 y no se presentó cuando fue citado para una declaración indagatoria, por lo que la Justicia argentina lo declaró en rebeldía. A la fecha, lleva más de 560 días prófugo.

El fallo estuvo firmado por los jueces Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo. Asimismo, la discordancia provino de la magistrada Graciela Gatti Santana, según surge del documento firmado en junio pasado.

De esta manera, el tribunal ratificó el fallo firmado el 23 de diciembre último por la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián. La magistrada había rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político.

La jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía al señalar que "Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)".