El Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy en contra de la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual el presidente Alberto Fernández dispuso el cese de las clases presenciales por un período de 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dijeron fuentes judiciales.

El dictamen, que es de carácter no vinculante, fue entregado a la Corte Suprema de justicia, que quedó en condiciones de decidir sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

El dictamen que firmó Casal considera que "los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”.

El 16 de abril el presidente Alberto Fernández promulgó el decreto 241 que estableció la suspensión de la presencialidad educativa por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Inmediatamente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo fue un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires lo que permitió que anunciara el reinicio de las clases desde el 19 de abril.

Tras el dictamen de la Procuración de la Nación la decisión final sobre la educación en pandemia quedó en manos del máximo tribunal del país.