Diputados del oficialismo y la oposición acordaron un dictamen en la comisión de Legislación General sobre el proyecto de la ley de Alquileres, que contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.

Este consenso alcanzado entre legisladores de Cambiemos, del Frente para la Victoria y otras bancadas provinciales permite debatir esta iniciativa en la próxima sesión que se realizará el 20 o 27 de Noviembre, previo a la finalización del período ordinario.

El acuerdo fue plasmado en la comisión de Legislación General, que conduce el macrista Daniel Lipovetzky, en una reunión plenaria que contó con la participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina y de asociaciones de inquilinos, y el secretario de Vivienda, Ivan Kerr.

El proyecto fue redactado en base a las iniciativas impulsadas por Lipovetzky, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá; Lipovetzky y el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.

Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual-en lugar de semestral-que se calculará en base al aumento de la inflación y del salario.

En ese sentido se establecen una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

Otro punto clave del proyecto es que determina que se permitirá al inquilino presentar otras garantías no solo la propietaria, como seguro de caución,certificados de ingresos o recibo de sueldos.

En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario deberá estará obligado a elegir una de esas garantías.

También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir del contrato el inquilino deberá avisar con tres meses para evitar pagar una multa.