Tucumán es la única provincia que aún no adhirió a la Ley Micaela, y desde diferentes sectores de la sociedad reclaman la puesta en marcha de la normativa.

La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

El tema estará en el centro del debate en la próxima sesión de la Legislatura provincial, que tras idas y vueltas tiene previsto desarrollarse el jueves 21 de mayo, a las 8.30, durante la cual la comisión de Derechos de la Mujer tendrá la tarea de consensuar con los representantes de los bloques que presentaron proyectos.

La demora en la adhesión a la norma de Tucumán, que registra en lo que va del año seis femicidios, motivó diferentes reacciones en las últimas horas y el gobernador Juan Manzur se pronunció a favor de que la Legislatura replique la Ley nacional.

"Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan", dijo Manzur en alusión a los casos registrados en el ámbito doméstico durante el aislamiento por el coronavirus.

La titular de la organización feminista "Mujeres x mujeres", Soledad Deza, dijo a Télam que la provincia necesita "adherir sin modificaciones a la Ley Micaela" y lamentó que algunos legisladores propongan modificaciones que "buscan legitimar discursos violentos en estos tiempos de pandemia y desigualdad de género". 

Unas doscientas organizaciones de derechos humanos, sociales, y políticas y referentes del movimiento de mujeres y LGBT+, entre ellas Ni Una Menos Tucumán, firmaron un documento en apoyo a la sanción de la ley, que por la polémica que generó, fue pospuesta una semana.

Voces en contra

En tanto, desde los sectores opositores se manifestaron en contra de adherir a la ley sin modificaciones y presentaron su propio proyecto. En este sentido, el legislador tucumano Ricardo Bussi expresó al diario Clarín: "Queremos combatir la violencia contra la mujer con una ley propia, no con tinte ideológico como la ley Micaela que está abordada desde el punto de vista feminista y queremos que sea una ley escéptica”, expuso.

"No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. Conozco hombres que han asesinado mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas pero no por el hecho de ser mujer", había dicho el presidente del Bloque de Fuerza Republicana en la legislatura tucumana. 

El proyecto lleva la firma, además de la del hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, la del ex macrista Walter Berarducci, la oficialista Sandra Mendoza, el radical Raúl Albarracín y la bussista Nadina Pecci. Este grupo de legisladores pretende imponer un proyecto de ley "con modificaciones" a la ley nacional 27.499.

Apoyo importante

Los padres de Micaela García, la joven de 21 años que fue asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay en 2017, expresaron su apoyo y agradecimiento a las organizaciones de mujeres de Tucumán, que reclaman la adhesión de la provincia a la Ley nacional, que lleva el nombre de su hija.

"Quienes conformamos la Fundación Micaela García 'La Negra', especialmente sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, queremos expresarnos ante los hechos de público conocimiento en torno al debate suscitado en Tucumán por el Proyecto de Ley de Adhesión a la Ley Nacional N° 27.499 que lleva el nombre de nuestra hija", dijeron a través de un mensaje difundido en redes sociales.

"Queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo tucumano, a sus organizaciones de mujeres, a sus militantes y a todas las personas que nos han expresado su amor, compromiso y acompañamiento en este camino de lucha por la sociedad que Mica soñó y el cual llevamos con orgullo y fortaleza", agregaron.

Además, señalaron que "Micaela fue víctima de un femicida y de un Estado que no actúa o lo hace de manera ineficiente y tardía, esa es la razón por la cual la Ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, invitando a las provincias a adherir a la misma".

"Tenemos el convencimiento que si la Ley 27.499 hubiera existido tiempo atrás y la provincia de Entre Ríos la hubiera aplicado, Micaela hoy la estaría militando junto a sus demás banderas. Por eso no aflojamos, por eso no bajamos los brazos, por eso empeñamos nuestros días y nuestra vida en su defensa y difusión", sostuvo el comunicado.