La disposición oficial del gobierno nacional, de ampliar la jurisdicción de Gendarmería Nacional hasta los yacimientos de Vaca Muerta tienen, en Neuquén, una rápida oposición.

Es que el mismo gobierno provincial se apuró en hablar de una “injerencia” de la administración central en los pozos shale, abriendo la pregunta respecto a la presencia de la fuerza de seguridad en la zona.

“Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias”, adujo la ministra de Trabajo, Vanina Merlo.

La Nación había considerado “imprescindible” la necesidad de “proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos ubicadas en la Cuenca Neuquina”, con el objeto de “asegurar los intereses económicos vitales del Estado nacional”.

La Confederación Mapuche se expidió en el mismo sentido, contrario a la visión de la cartera que conduce Patricia Bullrich, y también se encaminó hacia allí la visión del Sindicato de Petroleros, que conduce el actual senador nacional Guillermo Pereyra.