El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 citó este viernes al ex secretario General de Interpol, Ronald Noble; y al ex consejero general de ese organismo, Joel Sollier, a declarar como testigos de forma anticipada al juicio por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Los jueces dispusieron "adelantar la producción de prueba y convocar" a Noble y a Sollier "a prestar declaración testimonial, para los días 5 y 19 de octubre de 2020, respectivamente, medida que se llevará a cabo mediante videoconferencia", según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.

La resolución fue firmada por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, quienes fijaron el 14 de diciembre como fecha de la "audiencia preliminar" dispuesta a los fines de "ordenar la prueba que se producirá durante el debate (fechas de las audiencias, horarios, cronograma de testigos, cantidad de testigos por audiencia)" y enumeraron una lista de 320 testigos que desfilarán en el juicio.

Se trata de la causa que elevó a debate oral y público el fallecido juez Claudio Bonadio por la que fueron acusados la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros integrantes de su gobierno; en la que se investiga si se cometieron delitos alrededor de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.

Nisman había asegurado que detrás de la firma del memorándum se escondía la intención de que cayeran las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA, a cambio de que se reflotaran las relaciones comerciales entre ambos países.

Esa afirmación fue rechazada a través de entrevistas -la primera se la dio a Página/12- y mensajes en la red social Twitter por el propio ex secretario general de Interpol, quien siempre sostuvo que los dichos de Nisman eran "falsos" y que "ningún integrante del gobierno argentino" trató nunca de que se bajaran las alertas contra los funcionarios iraníes.

Al justificar la convocatoria de Noble y Sollier de manera anticipada, los jueces señalaron que "diferir la producción de aquella prueba testimonial al momento de la sustanciación del juicio oral, no haría más que poner en peligro la posibilidad de resolver, en definitiva, el conflicto traído ante este Tribunal".

"No puede perderse de vista que su concreción -en este contexto mundial- y teniendo en cuenta la avanzada edad de los testigos que se pretende convocar, sería inevitablemente mediante la utilización de medios tecnológicos", completó.

El testimonio de Noble había sido ofrecido al tribunal por el Ministerio Público Fiscal, pero también por la mayoría de las defensas de ex funcionarios acusados en este expediente.

La larga lista de testigos convocados para el juicio oral y público incluye nombres resonantes como el del espía Antonio "Jaime" Stiuso, el ex juez federal de la casua AMIA Rodolfo Canicoba Corral, el también juez federal y candidato del gobierno a Procurador General de la Nación, Daniel Rafecas; y gran cantidad de legisladores y ex legisladores que participaron del debate parlamentario sobre el memorándum, como el ex candidato a vicepresidente por juntos por el Cambio, Miguel Pichetto.

La causa fue elevada a juicio en marzo de 2018 y la demora en el avance desde entonces tiene que ver, entre otros motivos, con que una de las juezas del TOF 8 (Sabrina Namer) fue recusada y otro juez (Nicolás Taselli) se excusó, lo que implicó que debiera conformarse una nueva integración para el tribunal.

En ese contexto, y ante la magnitud del caso, los jueces del TOF 8 le solicitaron en febrero del año pasado al titular de la Corte, Carlos Rozenkrantz, poder contar con un equipo exclusivo compuesto por 3 secretarios de cámara, 2 prosecretarios, 2 oficiales y 3 escribientes auxiliares; pero ese reclamo no fue atendido.

La causa tiene sus orígenes en la denuncia que Nisman presentó 4 días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015 contra la entonces Presidenta y varios miembros de su gabinete, así como contra los dirigentes políticos Luis D´Elía y Fernando Esteche y contra el miembro de la comunidad islámica argentina, Jorge "Yusuf" Khalil, entre otros.

Esa denuncia fue desestimada por el juez Rafecas, a través de un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal porteña, pero en 2016, y a partir de una nueva denuncia contra la ex mandataria y contra los legisladores que votaron a favor del memoranum, la Cámara de Casación ordenó reabrir la denuncia y finalmente recayó en el juzgado de Bonadio.

Por esta causa, Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta, al fallecido ex canciller, al ex secretario de Legal y Técnica de la presidencia y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a D´Elía, Esteche y Khalil y a otros tantos sin prisión preventiva.

La ex presidenta nunca fue detenida porque tenía fueros parlamentarios como senadora y en el caso del ex canciller, debió cumplir con arresto preventivo domiciliario porque padecía cáncer.

Entre otras decisiones, Bonadio le impidió salir del país lo que retrasó el tratamiento experimental al que el ex canciller se sometía por una enfermedad que, finalmente, le causó la muerte.
 

Fuente: Télam