La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Este reglamento, según declaraciones de Bullrich durante una conferencia de prensa en el ministerio, busca aplicar la "doctrina Chocobar", otorgando un amplio margen de discrecionalidad a los agentes para el uso de balas de plomo en situaciones que consideren un "peligro inminente".

La medida ha sido criticada por diversos organismos de derechos humanos, quienes expresan su preocupación ante la posibilidad de que se legitimen acciones policiales similares a las del caso Chocobar, en el cual un expolicía fue condenado por disparar y matar a un joven que huía después de un ataque.

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Bullrich explicó que con esta resolución se derogarán todas las disposiciones previas del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas federales que contradigan lo estipulado en el nuevo reglamento. Según anunció la ministra, las fuerzas federales estarán autorizadas a utilizar armas de fuego en situaciones donde haya un peligro inminente de muerte para el agente o ciudadanos, así como para impedir la comisión de delitos graves que pongan en riesgo la integridad física de las personas.

Además, el reglamento permite el uso de armas de fuego para detener a un delincuente que se resista a la autoridad o para evitar su fuga, incluso justificando el disparo por la espalda en determinadas circunstancias.

En cuanto a la identificación de los agentes, se establece que estos deberán identificarse siempre antes de actuar, dando la voz de alto. No obstante, Bullrich señaló que existen excepciones a esta regla, especialmente en situaciones donde revelar la identidad del agente podría poner en peligro su vida o la de terceros.

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La ministra también anunció la espera de la llegada de pistolas Taser y la compra de armas Byrna, consideradas como armas no letales, para ser utilizadas en lugares con alta densidad de población como aeropuertos y estaciones de tren.

El reglamento relanzado por Bullrich tiene su antecedente en una norma creada a fines de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual fue revocada por la ministra Sabina Frederic en 2019. Sin embargo, Bullrich decidió reinstaurar dicho protocolo, alegando la necesidad de dotar a las fuerzas federales de mayores herramientas para enfrentar la delincuencia.