El conflicto desatado entre la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y sus propios empleados no es nueva, y tiene su punto más caliente en el inicio del proceso por el cual se intentó modificar el Convenio Colectivo de Trabajo.

Una protesta de Luz y Fuerza en el año 2018 acrecentó el conflicto, alejando chances de una negociación, y se produjeron incidentes en cercanías al Ministerio de Trabajo. Como represalia, EPEC dispuso el cese de la tutela sindical del integrante del vocal de la Comisión Directiva, Cristian Luis Uguolini, y los delegados Luis Eduardo Calderón y Juan Domingo Altamirano.

Pero la resolución administrativa que emitió el gobierno provincial violó la Ley de Asociaciones Sindicales, y en ese sentido este martes retornaron a sus tareas, después de que la Justicia hiciera lugar a la apelación “con efecto suspensivo”. Hasta tanto no exista un fallo judicial firme, deben sostenerse en sus cargos.

Es que la firma oficial no disimuló su disgusto con el común de sus empleados, y pasaron por alto que un fallo en primera instancia para quitar la protección no era suficiente. Por eso, según informó la CTA Córdoba, se hizo lugar a una apelación de los trabajadores.

El fin de la norma a la que se acudió es, no casualmente, evitar amedrentamientos o coacciones, y en ese contexto los despidos son de carácter ilegal. Las normas vigentes a nivel nacional, además de convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tipifican violaciones de este tipo como “persecución sindical”.