El presidente Alberto Fernández dispuso la intervención de la obra social del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba por seis meses, luego de que la justicia federal se lo solicitara al Ministerio de Salud de la Nación.

La medida fue requerida por juez federal N ° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, en el marco de la investigación que lleva adelante por presunta defraudación y que tiene como protagonistas, entre otros, a los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Se los acusa de administración fraudulenta.

Foto: Osurbac.com
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El decreto, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, fue publicado hoy en el Boletín Oficial.

A la vez, el Poder Ejecutivo Nacional designó como interventor a Jorge Antonio Remigio, quien deberá elevar informes mensuales de su gestión a la Superintendencia de Servicios de Salud, consignando la situación institucional y administrativa de la obra social de los recolectores de residuos, en vistas a la normalización de la obra social.