Luego seis años de insistentes reclamos a través de pedidos de acceso de la información pública, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) logró que los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entreguen sus declaraciones juradas patrimoniales.

Aunque la información no es completa, los datos brindados por los magistrados permiten elaborar un ranking de riqueza del máximo tribunal de Justicia del país, a partir de las declaraciones impositivas de ganancias y bienes personales del 2015 al 2017, que se tramitaron en la AFIP.

En la cima figura el actual presidente Carlos Rosenkrantz, que según Bienes Personales posee $39,5 millones (casi u$s 1 millón) y según Ganancias unos $24 millones. Prácticamente todos sus bienes están en la Argentina. Del 2015 al 2017 por BP se puede deducir que su patrimonio se incrementó 75%, mientras que por Ganancias subió 107%.

El santafesino Ricardo Lorenzetti es el único con doble resultado: por un lado vio caer su patrimonio en los últimos años y por otro creció. De Ganancias declaró $ 10 millones en el 2015; $9,6 millones en el 2016, y unos $9,3 en el 2017. En cambio, las presentaciones por Bienes Personales reflejan que en 2015 tenía $20 millones, en el 2016 escaló a $22,4 millones y en el 2017 alcanzó $25,7 millones. En dos años el patrimonio en depósitos en el exterior de Lorenzetti pasó del 34,4% del total al 43,5%.

Elena Highton de Nolasco posee $12,4 millones según formularios de Ganancias y $13,2 millones si se analiza la declaración de BP.

Juan Carlos Maqueda dijo que en 2017 pagó impuestos a las Ganancias por un fortuna de $5 millones, mientras que al declarar Bienes Personales ostentó un patrimonio de $6,7 millones. Un tercio de su riqueza la mantiene en billetes en efectivo.

Pese a que por error el informe aseguraba que en la información entregada por Horacio Rosatti, el formulario de Ganancias no contenía datos sobre su patrimonio neto total de 2017, desde la Corte aclararon que la evolución completa se puede conseguir al visitar la web personal del exministro de Justicia. Entonces, el magistrado en el 2016 declaró $2,7 millones. En cuanto a la información de BP: en dos años subió de $1,1 millones a $ 6,9 millones. El otro santafesino de la Corte supo poseer casi la mitad de su patrimonio en el exterior en el 2016. Hoy, no llega al 7% del total.

“La publicidad de las declaraciones juradas de quienes ejercen cargos de relevancia en el Estado es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la administración de los recursos públicos”, subrayaron los expertos de la ACIJ.

Para la entidad sin fines de lucro, la publicación de las DDJJ es una de las herramientas “más efectivas” para prevenir y controlar casos de corrupción y conflictos de intereses, al mismo tiempo que resulta de “mucha utilidad para garantizar la independencia judicial y la legitimidad de jueces”

Sin embargo, la ACIJ puso el grito en el cielo por la información parcial que otorgaron los ministros. “Para que este mecanismo sea efectivo es necesario que las declaraciones patrimoniales sean un reflejo fiel y detallado de la situación patrimonial del funcionario público y de su entorno familiar más cercano durante todo el período en el que duren sus funciones. De lo contrario, es imposible que cumplan con sus objetivos adecuadamente”, advirtieron. Y eso fue lo que sucedió: desde 2017 se observa vio una “grave reducción de información” en los papeles entregados.

Para la ACIJ es indispensable que la información entregada por la Corte cumpla con los estándares previstos en la ley 25.188 y se adecúe a las mejores prácticas en la materia. “Tal como fue entregada, la información no permite satisfacer con los objetivos del mecanismo de publicidad de las declaraciones juradas. La falta de detalle y la escasez de información no permiten un control adecuado de su evolución patrimonial ni de potenciales conflictos de intereses o conductas inadecuadas”, remarcaron.

Fuente: Ámbito Financiero.