Circula por redes sociales un posteo que dice: “Podes creer que Verónica Magario, intendente de La Matanza, distribuyó un instructivo especialmente diseñado para que los pibes chorros supiesen cómo actuar si la policía los detiene?” (sic). Las publicaciones están acompañadas por dos imágenes: un instructivo titulado “Qué hacer si te detienen”, que posee el logo y el nombre del municipio, y otra de la candidata a vicegobernadora bonaerense del Frente de Todos.

El medio Reverso pudo comprobar que este folleto es verdadero, que se repartió entre 2010 y 2017, y que sus afirmaciones coinciden con las normativas nacionales e internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes que están en conflicto con la ley penal, como la Convención de Derechos del Niño, las “Reglas de Beijing” y las “Reglas de La Habana” de la ONU, y la Ley Provincial N°13.634 que establece los “Principios Generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño”. De todas formas, no se trata de “pibes chorros” -como dicen los posteos virales- sino de adolescentes en conflicto con la ley.

Las publicaciones circulan desde 2018, pero se volvieron a compartir en los últimos días. Alcanzaron los 15 mil compartidos en Facebook -según los datos de los mismos posteos-. También circuló en Twitter, con casi 500 retuits.

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El medio realizó una búsqueda inversa en Google para comprobar la veracidad del instructivo. Pudo verificar que es real y que fue publicado por la página oficial de Facebook del Municipio de La Matanza en enero de 2017.

El texto del folleto oficial indica, entre otros puntos, que “la policía tiene la obligación de dejarte llamar por teléfono a un familiar o a alguien de confianza”, y que “no deben pegarte ni maltratarte de ningún modo”. También aconseja a quien fuera detenido: “Preguntale al Oficial de Servicio si ya notificó al Juez de Garantías de tu detención para demostrarles que estás informado”. Y, además, dice: “Tratá de estar tranquilo y no bardees”.

Maria Laura Ramírez era la secretaria de Desarrollo Social de La Matanza en el momento en el que se publicaron esos panfletos en las redes sociales.

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“Cuando era secretaria teníamos un índice muy alto de policías que maltrataban a los jóvenes. Nos llegaban muchas denuncias sobre lo que pasaba los fines de semana en los barrios”, explicó a Reverso la ex secretaria de Desarrollo Social sobre el contexto en el que salieron los folletos. “Hicimos un volante para explicar hasta dónde el policía tiene derecho a exigir cosas y hasta cuándo ellos tienen que aceptar la actuación policial”, agregó Ramírez.

El instructivo es parte de “Propiciar”, un programa municipal que “trabaja con jóvenes de hasta 18 años de edad en situación de conflicto con la ley penal desde una perspectiva integral entendiendo al delito como la manifestación de una serie de privaciones y vulneración de derechos que concluyen con la trasgresión de la norma y donde el núcleo familiar constituye un eje central de la intervención para la transformación de las conductas”, según un trabajo publicado por el licenciado en Trabajo Social Nicolás Fusco, de la Universidad Nacional de La Matanza.

Guillermo Orizaola, licenciado en Ciencias Políticas y ex director del Servicio Local de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de La Matanza, creó el “Propiciar” en 2009. En 2012 asumió la Dirección de Coordinación del Sistema de Promoción de los Derechos de los Niños de La Matanza, cargo que tuvo hasta octubre 2018.

El folleto se dejó de difundir en 2017, según Orizaola, pero el programa sigue en vigencia. “La Ley 13.298 [de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de 2005] pasó el eje de responsabilidad penal de los jóvenes no punibles por edad a los municipios. Entonces lo que hicimos fue crear un programa especial para estos chicos, para evitar la reincidencia y que se responsabilicen por los delitos”, explicó Orizaola a Reverso.

“El folleto es parte de algo mucho más amplio e integral”, dijo Orizaola. Y agregó: “Entendíamos que se tenían que responsabilizar de sus delitos, pero también saber cómo hacer para posicionarse frente a la vulneración de derechos por parte de la policía”.

En 2010 se hicieron los primeros bocetos del folleto cuyo contenido se hizo viral ahora (ver acá), con la candidatura de Magario a la Gobernación bonaerense. Primero se compartían sólo en papel y luego se empezaron a difundir también por las redes sociales.

Diego Freedman, docente de la cátedra de Mary Beloff de Derecho Penal Juvenil en la Universidad de Buenos Aires, dijo a Reverso en referencia al folleto: “Hacer conocer los derechos de la infancia y la adolescencia es una obligación y esto se rige en las normas nacionales e internacionales, como la Convención de Derechos del Niño y las Reglas de Beijing y de La Habana de la Organización de las Naciones Unidas”.

El artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño dice que todo niño privado de libertad debe ser “tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad” y que, si son separados de su familia, tienen el derecho a mantenerse en contacto con ella.

Por su parte, las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores” (conocidas como “Reglas de Beijing”) sostienen que los niños y adolescentes tienen “el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores”, entre otros. Por último, las “Reglas de La Habana”, hablan de la limitación en el uso de la fuerza: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento”.

Con respecto a la normativa que rige en la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13634 de los “Principios Generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño”, dice en su artículo 36 que los niños poseen el “derecho a no declarar contra sí mismo y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, tutores o responsables y su defensor”.

A su vez, el artículo 41 sostiene: “Cuando un niño fuese aprehendido, deberá darse aviso inmediatamente a sus padres, tutores o responsables, al Agente Fiscal, al Defensor Oficial y al Juez de Garantías, indicando el motivo de la aprehensión, el lugar donde se encuentre y el sitio donde será conducido”.

En la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Mario Coriolano, funciona en forma ininterrumpida desde el año 2000 el Registro de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 recibieron 143 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas en el indicador “Tortura y malos tratos” por parte de fuerzas policiales, de los cuales 63 corresponden al Departamento Judicial de La Matanza. Este departamento es el que posee más casos, seguido por Lomas de Zamora, con 21 y Mercedes, con 15.

“En 60 casos, la información fue recibida en forma confidencial, lo que constituye una especificidad propia del registro que ha sido reconocida por instituciones nacionales e internacionales”, explicó Coriolano a Reverso. “En La Matanza hay una gran cantidad de datos bajo reserva de confidencialidad porque los pibes no denuncian porque están victimizados por la policía”, indicó.

Esta nota es parte de Reverso, un proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.