El ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña y la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti fueron denunciados ante la justicia por contrataciones irregulares durante la gestión del macrismo y ahora fueron imputados. 

El fiscal Jorge Di Lello llevó adelante la medida judicial por supuestas incompatibles con la función pública relacionadas con el favorecimiento de empresas que tuvieron vínculos estrechos con el apoyo a la campaña presidencial de Mauricio Macri.

La denuncia tiene su fundamento en un decreto que había sido firmado por Michetti para desligar completamente del manejo de la publicidad oficial a la agencia de noticias Télam y poder contratar de forma irregular y sin licitación de por medio a compañías que le brindaron financiamiento a Macri mientras estaba en carrera para ocupar el cargo que ocupó durante cuatro años.

Por tal motivo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, solicitó que se lleve a cabo una investigación de las contrataciones que realizó la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, las cuales fueron adjudicadas a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA, sin ningún tipo de concurso.

La denuncia, donde estarían involucrados 300 millones de pesos, es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, lo cual es previsto en el artículo 265 del Código Penal.

Michetti fue imputada en marzo de este año por la fiscal federal Paloma Ochoa, quien pidió abrir una investigación por supuestas irregularidades en las contrataciones efectuadas para realizar obras de refacción de la Cámara de Senadores.

En el dictamen entregado al juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía imputó además al ex secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, y al presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale S.A., Germán De Vincenzo.

La denuncia había sido presentada por la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, el 6 de marzo y refería a la “existencia de serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de la licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión”.