El caso consternó a todo el territorio nacional y generó, a su vez, una declaración surgida en la Organización de Naciones Unidas (ONU), remarcando que la negativa a la práctica de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en países que cuentan con la normativa, “puede ser considerado tortura”.

La niña de once años que había sido violada por la pareja de su abuela y debió soportar un mes de embarazo después de pedir su interrupción, en Tucumán, finalmente fue sometida a una cesárea, con la posterior muerte, diez días después, de su beba.

En las últimas horas, la presentación judicial de parte de grupos antiderechos en contra de los médicos que llevaron adelante la cirugía, desencadenó una respuesta.

Particularmente, tanto la pareja de ginecólogos José Gijena como Cecilia Ousset como la defensora de menores Adriana Romano fueron acusados de “homicidio” por un grupo de abogados, que busca amedrentar a quienes realizan las prácticas, legales desde 1921 en el Código Penal, en ese sector del noroeste argentino.

Gijena fue tajante al ser informado de la cuestión, remarcando que sus denunciantes “quieren ir para atrás, nos quieren llevar a la Edad Media”.

El médico, que se desempeña en el ámbito privado, afirmó haber sido llamada “7 u 8 veces” por la ministra de Salud, ante la ‘objeción de conciencia’ de la totalidad de los profesionales del hospital ‘Eva Perón’.

En tal sentido, reclaman el apoyo de las autoridades del gobierno que comanda Juan Manzur, aunque Gijena adujo saber la adhesión oficial a políticas antiderechos.

Mientras la niña permaneció internada, su familia denunció que le realizaron un tratamiento para lograr una maduración más veloz en el feto.