Por lo bajo, las acusaciones del arco opositor por designaciones en los distintos estratos de la gestión nacional se iban multiplicando.

Pareció olvidarse la administración central con el paso del tiempo, de la solicitud de ajuste en todas sus dependencias.

Eran tiempos en que la crisis actual aparecía, y el llamado al Fondo Monetario Internacional (FMI) se concretaba.

Entre sus decisiones estaba “la prohibición de designaciones y contrataciones en jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional”, emanada a través del decreto 632/2018, de la Administración Pública Nacional, y vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sin embargo, el Ministerio de Modernización inició el proceso de llamado a concurso para cubrir 2.352 cargos vacantes, y que se desarrollarán en noviembre.

Fueron los dirigentes Wado de Pedro y Guillermo Carmona quienes anticiparon una denuncia en tal sentido, porque a su vez las decisiones violan el texto de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Carmona le apuntó a la puesta en discusión de “los más altos cargos a los que se puede llegar sin ser un cargo político”, como el director de Presupuesto del Ministerio de Producción y Trabajo, el director de Petróleo en la Secretaría de Energía y la coordinación en temas hidrocarburíferos.

"Ante las acusaciones infundadas provenientes del kirchnerismo es importante aclarar que las vacantes publicadas en el Boletín Oficial no son designaciones ni están destinadas a personas que ingresaron durante esta gestión", lanzó el titular de la cartera, Andrés Ibarra.