El fallo emitido por la Corte Suprema el pasado martes ratificó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el ejercicio de sus atribuciones inherentes y constitucionales. Más allá de su veta política, la sentencia generó polémica e incertidumbre desde una óptica jurídica. ¿Qué implica a futuro la decisión del máximo tribunal del país?

Para Raúl Gustavo Ferreyra, abogado constitucionalista, se trata de "un fallo importante que fija una política decisiva en torno las limitaciones y al recorte de los poderes del presidente" en el medio de la pandemia.

Entrevista a Raúl Gustavo Ferreyra

En un artículo publicado en el medio Página/12, Ferreyra argumentó junto al ex miembro de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni, que tal decisión no hizo más que poner al máximo tribunal como corresponsable de las consecuencias epidemiológicas contra la población. "Al introducirse en una materia que es claramente política en sentido estricto y asumir función de co-gobernación, también asume y en plenitud la responsabilidad por el cuidado presente y futuro de la salud de todos los argentinos", explican ambos en el medio gráfico porteño.

Sin embargo, el especialista en derecho constitucional sumó otra particularidad de este hecho. En entrevista con el programa Nada del Otro Mundo, apuntó a una contradicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: ya con el aval de la Corte, Horacio Rodriguez Larreta debería haber actuado del mismo modo ante la misma situación e interponer un recurso que suspenda el nuevo DNU vigente. Pero esto, 48 horas después del fallo, no ha ocurrido.

"Cuando la Corte dictó esta sentencia, el DNU 241/2021 ya había agotado sus efectos. Pero el Presidente replicó la medida y repitió su comportamiento. El que no repitió, fue el Jefe de Gobierno que no volvió a presentar un recurso. Hay que preguntarle a las autoridades de la Ciudad qué van a hacer, porque deberían impugnar el DNU otra vez", planteó Ferreyra en comunicación con FM102.3.

Con este razonamiento, los dichos de ayer de Alberto Fernández en Ensenada, respecto a que hasta ahora nadie impugnó el nuevo decreto, es correcto.

¿Por qué CABA no ha hecho uso de esta decisión de la Corte? Según Ferreyra la respuesta "sólo puede tener una explicación política, pero no jurídica ni institucional".