"El punitivismo no es una respuesta ante una crisis de salud mental"

Luego de la conmoción que causó la noticia de que el ex líder de la banda Tan Biónica, Chano Charpentier fuera baleado por la policía ante un brote psicótico, El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado con severas críticas a la actuación de las fuerzas policiales, al Estado y a los medios de comunicación por el tratamiento de la información.

Además, el escrito enumera las numerosas las herramientas vigentes en Argentina para el abordaje de pacientes con problemas de adicciones y salud mental, algo que en el caso del músico obviamente no fue tenido en cuenta.

"El tratamiento mediático que se le dio a este tema en los medios masivos de comunicación puso una vez más en evidencia la desinformación y la constante vulneración de derechos por parte de las fuerzas de seguridad y también por las coberturas periodísticas de temas vinculados con la salud mental", indica el comunicado.

Además, la carta sostiene que el de Chano no es un caso aislado: "en los últimos 15 días hubo otras dos situaciones similares que terminaron con la muerte de las personas a las que se debía asistir porque se encontraban transitando una crisis de salud mental. Nos referimos a Matías Nicolás Ruiz en la provincia de Salta y a Victoria Nuñez en Entre Ríos. Este último caso se agrava porque Victoria era una mujer trans, es decir, porque además de la situación de crisis que atravesaba, Victoria pertenece a un colectivo continuamente hostigado y perseguido por la violencia policial", indica el escrito.

Según entienden los integrantes del equipo de investigación del Observatorio, este tipo de accionar por parte de las fuerzas de seguridad tiene que ver conque se considera "peligrosos" a quienes padecen alguna enfermedad mental. "La peligrosidad es asociada y atribuida históricamente a las personas que sufren algún padecimiento mental, discapacidad psicosocial y en particular a las personas que sufren por el consumo problemático de sustancias"

En esa línea, desde el organismo indicaron que " si consideramos que las personas que padecen algunos de estos problemas son “peligrosas” esto seguirá vehiculizando intervenciones punitivistas, represivas y segregatorias. De hecho, en nuestro país se han denunciado múltiples situaciones donde las personas afectadas han sido víctimas de violencia institucional bajo el argumento de “seguridad o defensa propia”, continúa el comunicado.

"Asombra el desconocimiento que se ve expresado en el escenario público sobre los derechos de las personas que padecen algún tipo de problemática vinculada a su salud mental y estremecen los mecanismos de desinformación que se despliegan cada vez que alguna de estas situaciones toma notoriedad pública", indica el escrito.

¿Qué se debe hacer en situaciones de urgencias en salud mental? 

El comunicado indica que hay múltiples herramientas vigentes en el país para el abordaje de personas con este tipo de problemáticas: "la Ley Nacional Nº26.657 de salud mental sancionada en 2010 prevé internaciones involuntarias si la persona está frente a una situación de riesgo cierto e inminente, es decir, en una situación donde esté en riesgo la vida de la persona afectada y/o la de tercero. La ley prevé en su Decreto Reglamentario 603/13 el marco de actuación policial en situaciones de urgencias por salud mental", describe el escrito.

Por otro lado, indica que desde 2013 están disponibles los “Lineamientos para la atención de la urgencia en salud mental” que fueron elaborados por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. "También existe desde 2013 un protocolo vigente a nivel nacional para las fuerzas de seguridad (Resolución 506/13), que fue elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación (cuya autoridad máxima parece desconocer)", sostiene el documento.

A la vez, los integrantes del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos "exigimos que se cumpla este protocolo y se capacite debidamente a los  funcionarios y funcionarias de las fuerzas de seguridad en el trato respetuoso de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental".

Por último y de manera contundente, el equipo interdisciplinario del organismo señala que "la criminalización o el castigo no puede ser la respuesta ante una crisis de salud mental y/o de consumos problemáticos. La respuesta para un tema de salud no puede ser el uso de la fuerza desmedida o el uso de armas por parte de la Policía. Se necesitan apoyos y herramientas respetuosas para resolver situaciones sin apelar a la fuerza, mucho menos a la fuerza brutal, porque esto anula toda posibilidad de cuidado de la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad absoluta".