A 25 años de las explosiones en Río Tercero: justicia, memoria y reparación

El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, la primera de tres explosiones desencadenaba la tragedia en la ciudad cordobesa de Río Tercero que dejó siete muertos, más de 300 vecinos heridos y daños millonarios. 

Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.

De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.

Centenares de víctimas aún esperan el pago de las indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales producidos en aquellas jornadas, establecidas a través de la ley 27.179, sancionada en 2015.

"Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”, fue una de las últimas frases que dijo Ana Gritti, la abogada que se puso al hombro la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, el atentado perpetrado durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Entre los fallecidos estaba su esposo, Hoder Dalmasso.

"Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia", señaló en declaraciones a Télam el abogado querellante Horacio Viqueira, representante de las hijas de Gritti y Dalmasso.

La investigación

La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones".

Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.

A las 17 de ese día y mientras se sucedían las explosiones, Menem se hizo presente en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó que el hecho era producto de "un accidente", que había que descartar el atentado e incluso les remarcó a los periodistas presentes: "Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra".

Sin embargo, años más tarde la justicia concluyó  que se trató de un hecho destinado a encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia y un cuarto de siglo después de esos hechos, el Carlos Saúl Menem será juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones.

El recuerdo y pedido de justicia

Un móvil de Canal 10, presente este martes en la localidad de Río Tercero, dialogó con María Cecilia Farail, prima de una de las víctimas del atentado.Informó que en esta jornada descubrirán una escultura realizada con la Escuela de Bellas Artes, donde se desempeña como docente, "para recordar y para pedir justicia".

"Que el pueblo los recuerde y la memoria se mantenga activa es algo muy valioso", señaló. 

VER: Múltiples actividades a 25 años de la explosión de la Fábrica Militar

Por su parte, el intendente de la localidad, Marcos Ferrer, dijo: "Está claro que hubo jerárquicos involucrados en esto", Menem uno de ellos. Sin embargo "muchos riotercerenses dieron la batalla, Ana Gritti, entre ellos".

El mandatario consideró que la llegada de la justicia tiene que ver con que nunca se lo llamó como lo que fue, "un atentado". "Se habla del atentado a la AMIA o de la Embajada de Israel, pero no del atentado en Río Tercero".

Este "atentado fue encargado por el propio Estado, el encargado de cuidarnos es el que nos voló por el aire".

Causa y condenas

En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero -que supuestamente estaba en reparaciones- comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.

Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario.

Con todos estos elementos, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años.

La sentencia fue confirmada por Casación y fue apelada por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que deberá decidir si la deja firme.

Beneficiado por distintas apelaciones Menem, quien resultó absuelto hace dos años en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, deberá enfrentar a partir del 24 de febrero de 2021, y con más de 90 años, un juicio oral y público por su responsabilidad en estos hechos, acusado de estrago doloso.

El comunicado

La Asociación Permanente por los Derechos Humanos junto a organizaciones que impulsan la recolección de adhesiones en Internet por esta causa, como CTA, ATE, Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero, Río Tercero un cauce Común, Contagiando Carnaval, Las Nietas de las Brujas, Nosotras Mujeres Necesarias, Fundación Juntos a la Par, La Luciérnaga y Municipalidad de Río Tercero, expresan: "La voladura de la Fábrica Militar no fue un hecho local ni aislado. Se trató de un atentado pergeñado y ejecutado por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem en asociación ilícita con jerarcas militares. Este delito intentó ocultar el faltante de municiones a causa del contrabando de armamento a Ecuador y Croacia -países que se encontraban atravesando conflictos bélicos con Perú y la ex Yugoslavia, respectivamente- y por el que el ex presidente fuera condenado por a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. 

Gracias a la lucha insobornable de la Dra. Ana Gritti, única querellante de la causa, sabemos que lo acaecido aquel 3 de noviembre de 1995 fue un atentado. Pese a las dilaciones y artilugios propios de quienes intentan sembrar impunidad, en diciembre de 2014 el Tribunal Federal II de Córdoba finalmente dictó sentencia condenando a un pequeño grupo de militares por la voladura de los polvorines. Sin embargo, hasta tanto la justicia no alcance a los máximos responsables, seguiremos solicitando firmemente justicia definitiva.

A 25 años de aquel atentado, evocamos con dolor la ausencia de las personas fallecidas y mantenemos viva su memoria.

Acompañamos el reclamo de ciento de personas que esperan el pago de las indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales producidos en aquella jornada y que fueran establecidas a través de la Ley 27.179, sancionada el 16 de septiembre de 2015 por el Congreso de la Nación.

Adherimos a la solicitud de Reparación Histórica que reclama la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero y la reactivación del complejo fabril de F.M.R.T. como fuente de desarrollo y progreso de un modelo productivo nacional.

Subrayamos especialmente que no nos ha podido derrotar el olvido porque sentimos la necesidad imperiosa de Memoria, Verdad y Justicia como imperativo democrático para la construcción de un futuro digno para el pueblo argentino. 

¡Memoria, Verdad y Justicia!"

Fuente: Télam / Página12 / Canal 10