Una niña de 10 años fue abusada sexualmente con acceso carnal por su abuelo biológico, un hombre de 54 años. Estos abusos ocurrieron en Jesús María entre enero del 2019 y marzo del 2020.  

Por este delito hubo sentencia de 13 años de prisión, por la Cámara Octava del Crimen, donde el juez Juan Manuel Ugarte avaló el pedido del fiscal Hugo Almirón.

En los fundamentos expuestos por el juez, se revela que no fue apropiado ni rápido el tratamiento que le dio la Provincia al tema, concretamente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el Ministerio de Educación, y que se podría haber evitado el acceso carnal. 

La niña acude a una maestra de su colegio y le cuenta las situaciones de abuso que padecía. La docente se lo comunica a la directora, luego hay una comunicación a la autoridad zonal y por una demora burocrática, 4 meses después se hace la denuncia penal.  

Esta denuncia no la hacen las instituciones, sino una tía de la víctima cuando toma conocimiento de lo que pasaba. 

La madre de la víctima, no conocía su padre biológico, y tras ponerse en contacto con él para buscar reestablecer los vínculos familiares, el hombre que se quedaba al cuidado de su nieta, cometía estos abusos sexuales que llegaron a accesos carnales. 

Hugo Almirón, el fiscal que estuvo a cargo de la acusación, en diálogo con Radio Universidad, expresó: "Es una historia trágica y triste para la familia. La madre a los 28 años conoce quién es su padre biológico. Hay que pensar y evaluar para juzgar esto que se trata de alguien que recuperó a su padre y lo quiere reintegrar a su familia, en ese marco de algarabía de integrar a su propio padre. En ese marco de confianza, este hombre empieza a abusar a la nena". 

"Los menores en estos casos tiene muchas dificultades para expresar lo que están pasando, porque viene de otro miembro de la familia que debería cuidarlos y protegerlos", agregó. 

Almirón remarcó la importancia de aplicar rápidamente los protocolos en las instituciones educativas: "El juez con mucho tino le dice al Ministerio de Educación en los fundamentos de la sentencia, que cuando se activa un protocolo se haga un seguimiento de la víctima hasta continuar el trámite, evaluar con la unidad judicial de hacer la denuncia. Ese protocolo se activó, pero no llegó a tiempo". 

El juez indicó al fiscal de instrucción, que merece una investigación penal la demora en los protocolos. 

El fiscal destacó que es importante el mensaje que se da a la sociedad: "No por burocracia o no involucrarse se puede dejar vulnerable a un niño, cuando hay protocolos".