Blas Correas: declaran tres policías por el asesinato
El joven fue asesinado el 6 de agosto de 2020. Trece miembros de la Policía de Córdoba están imputados.
Tres policías declararán este jueves en el juicio por el asesinato de Blas Correas. La vigésima audiencia inició a las 9 de la mañana en la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular.
El joven de 17 años fue asesinado de un balazo durante un control de seguridad realizado la madrugada del 6 de agosto de 2020. Por el crimen, hay 13 miembros de la fuerza provincial imputados y sometidos a juicio por jurados.
El primero en declarar será el subcomisario Luis Quevedo, quien trabajaba en el Comando de Acción Preventiva 3 (CAP3). Él tenía a cargo los móviles de la jurisdicción donde fue asesinado el adolescente.
Quevedo había comenzado con su testimonio el lunes ante los miembros del tribunal técnico.
Las audiencias seguirán este viernes y todos los días hábiles de la semana que viene, salvo el lunes que es feriado.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades.
Ambos afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otras cosas, haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.