El juicio oral y público contra los tres empleados del Sanatorio Aconcagua que no le brindaron atención a Blas Correas, cuando fue acribillado por la Policía de Córdoba, se tramitará en la Cámara Octava del Crimen. 

Es decir serán juzgados en el mismo lugar donde se condenaron a los efectivos responsables del “gatillo fácil”, ocurrido en plena pandemia, y que concluyó el 31 de mayo. Esto fue por sorteo informático.

Los imputados son Fernando Casalino, por presunto abandono de persona; Guadalupe Moya y Paola Mesa Campo, por omisión de auxilio.

Los trabajadores del nosocomio de Nueva Córdoba habrían cometido los delitos en los primeros minutos del 6 de agosto del 2020, cuando los amigos de Blas lo llevaron casi agonizando hasta ese lugar para que lo auxilien.

Sin embargo denunciaron que fueron desatendidos y que les dijeron que debían tenían ir al Hospital de Urgencias.

Una vez que salieron del Sanatorio Aconcagua, fueron interceptados por móviles policiales y no pudieron llegar a destino.

Respecto al proceso, en esta oportunidad no habrá jurados populares y el juicio será relativamente corto.

El debate podría ocurrir en el segundo semestre de este año.