La polémica surgió de la confirmación de la práctica de una cesárea, realizada este lunes en el Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy este viernes, a una niña de doce años que hacía solicitado la interrupción del embarazo, producido por una violación.

Pese a actuar en contra de protocolos de salud en estos casos, que recomiendan un aborto, el ministro provincial del área se encargó de justificar que un equipo interdisciplinario del nosocomio resolvió que esta era “la mejor opción para preservarla”.

El funcionario Gustavo Bouhid se encargó de remarcar que la víctima cursa “24 semanas y media de embarazo”, cuestión no menor ya que, desde la Casa de la Mujer de Jujuy denuncian que el Gobierno interfirió en la demora de la interrupción.

La semana 24 era el período que se había consensuado como límite en el proyecto de Ley que tuvo media sanción en Diputados pero rebotó en Senadores durante 2018.
“No podemos conectarnos con la mamá de la niña pero confirmamos que hay una niña madre que no deseaba ser madre y se violaron sus derechos. Y no sabemos cuál va a ser la perspectiva, porque el nivel de sobrevida en estos casos es del 30 por ciento. Esperamos que no haya otra tragedia”, refirió la abogada Mónica Vargas.

Durante la entrevista con el programa A Pura Radio, sostuvo que es “una responsabilidad del Gobierno” que se le realice un parto a “una niña que no quería ser madre”.

Desde la intervención del gobernador Gerardo Morales, que habló de "interrumpir el embarazo", los cuestionamientos no se detuvieron.

Luego agregó: “El aborto se tuvo que haber hecho la semana pasada, cada día de demora fue con este objetivo, a costa de la tortura de una niña y sus derechos. A su madre le ofrecieron la cesárea como única posibilidad, porque su hija quería dormir, no sentir dolor. Claro que tuvieron consentimiento, pero condicionado y engañoso. El propio ministro, personalmente, fue a convencerlas”.

Vargas consideró la situación como “muy grave”, porque “desde la ciencia, se sabe que esto no era lo mejor”.