Esta mañana fue promulgada la ley que sanciona a quienes incumplan las normas sanitarias vigentes por la pandemia, y por lo tanto desde hoy tiene plena vigencia en nuestra provincia.

La nueva normativa prevé multas para quienes violen las disposiciones que emanan del Centro de Operaciones de Emergencias Provincial (COE) con sanciones que van desde los $5.000 hasta los $200.000 dependiendo del tipo de infracción que se cometa.

Policías, inspectores municipales y funcionarios

Una de las principales dudas planteadas ante la nueva ley, tiene que ver con la posibilidad de contar con los recursos necesarios para poder controlar y hacer cumplir la norma.

En ese sentido, aseguran que habrá controles suficientes para aplicar multas y para que su eventual aplicación se haga respetando el debido proceso y los derechos de los ciudadanos.

“Hemos previsto que intervengan todos los juzgados que habitualmente se encargan de la aplicación de multas que efectúa la Policía Caminera. Por otra parte, también hemos solicitado la colaboración del ministerio de Seguridad y de todos los cuerpos de inspectoría de los diferentes municipios de la provincia”, detalló el legislador oficialista Francisco Fortuna en diálogo con Radio Universidad.

El legislador explicó que eso garantizará la cantidad necesaria de agentes de policía, e inspectores municipales como para que pueda haber controles masivos y activos del cumplimiento de la ley. Además, indicó que todos los organismos que intervienen en el control, estarán en articulación estrecha con el ministerio de Salud.

Control, docencia, celulares y sanciones

Para graficar lo que podría ser un ejemplo concreto, Fortuna se refirió al hipotético caso de que un efectivo de la policía detecte que una persona circula por la vía pública sin utilizar barbijo o tapabocas.

“Si un agente sorprende a alguien incumpliendo una norma de bioseguridad, probablemente primero lo intime a cumplirla, porque también hay cierto componente de docencia por parte de los inspectores. Pero si persiste en la infracción, el agente tomará los datos personales de la persona y podrá levantar el acta de manera inmediata porque contarán con un sistema especial en el teléfono celular”, detalló Fortuna.

El legislador indicó además que las personas sancionadas, contarán con una instancia para recurrir la multa si consideran que no fueron aplicadas correctamente. También habrá una instancia final a cargo del ministerio de Salud para garantizar el debido proceso.

Responsabilidad individual y social

El jefe del bloque de legisladores de hacemos por Córdoba, aseguró además que la experiencia en otros países ha demostrado que la única manera de recuperar cierta normalidad es extremando los controles y generando responsabilidad social.

“Debe quedar claro que el objeto de la ley es generar una mayor responsabilidad individual y social, en el marco de un proceso de creciente flexibilización, pero en medio de un momento crítico de la pandemia donde se registra un incremento de contagios”, dijo Fortuna

En ese sentido, destacó que el incumplimiento de normativas respecto a las reuniones sociales fueron la causa de mucho de los brotes que se registraron en diferentes lugares de la provincia.

“Debido a la falta de cumplimiento en los encuentros sociales, antes necesitábamos investigar unos 8 a 10 contactos estrechos por cada caso positivo detectado, ahora estamos investigando casi 30, lo que muestra que muchas veces se incumplen las medidas y eso genera muchos inconvenientes”, aseguró Fortuna.