Tres hombres oriundos de Córdoba fueron condenados a tres años de prisión, uno de ellos de cumplimiento efectivo, y además se les prohibió ingresar a la provincia de Santa Fe, por haber integrado una asociación ilícita que cometía hurtos con inhibidores en autos en la zona de la capital, informaron hoy voceros judiciales.

Las penas fueron impuestas por el juez José Luis García Troiano, en el marco de un juicio abreviado llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La condena recayó sobre Cristian Nahuel González, quien deberá cumplir tres años de prisión efectiva y fue declarado reincidente, en tanto Claudio Emanuel Suárez y Lautaro Gabriel Romero recibieron una pena de igual duración pero de cumplimiento condicional.

Además, se les ordenó resarcir a las víctimas por un total de 270.918 pesos y se les decomisaron un auto y dos aparatos inhibidores de señal utilizados para llevar a cabo los ilícitos.

La Oficina de Flagrancia e Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que Suárez y Romero no podrán ingresar al territorio de la provincia de Santa Fe hasta 2026.

La Fiscalía indicó que "González, Suárez y Romero formaron parte de la organización criminal al menos entre la primera semana de marzo de este año y el miércoles de la semana pasada".

"Los condenados recababan información sobre personas que transportaban dinero en sus vehículos y los seguían con el fin de apoderarse ilegítimamente del efectivo", indicó el MPA, que explicó que "mediante artefactos inhibidores de señal de cierre de puertas y alarma concretaron cuatro hechos ilícitos".

En total, la asociación ilícita sustrajo 1.450 dólares; 98.000 pesos, una computadora, cámaras fotográficas digitales, un teléfono celular, prendas de vestir, documentación personal, profesional y tarjetas bancarias de las víctimas, entre otros elementos.

González, Suárez y Romero fueron condenados como miembros de una asociación ilícita y coautores de hurto calificado por el uso de instrumento semejante a una llave, calificación que fue aceptada por la defensa y por las víctimas.

Fuente: Télam