Córdoba recibió más de 4900 dosis de Misoprostol desde la sanción de la IVE
La directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva remarcó la necesidad de reducir las brechas de desigualdad entre las provincias.
La directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, declaró ante Radio Universidad que “sigue sintiendo la emoción del 30 de diciembre de 2020 y la satisfacción por todo lo trabajado en este año”
En diálogo con el programa “Es por acá”, la funcionaria destacó la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como una herramienta fundamental para mejorar la salud sexual y reproductiva de todas las personas y como una conquista que amplía los derechos de las mujeres y los cuerpos gestantes, “tendientes a garantizar el acceso, hasta la semana 14, sin tener que expresar ningún motivo más que la voluntad; y además, el fortalecimiento de la ILE, Interrupción Legal del Embarazo, que si bien estaba prevista en la legislación argentina desde hace un siglo, la normativa actual fortalece el acceso por causales –violación, riesgo de la salud- en condiciones seguras”.
Consultada acerca del balance del año que se acaba, Isla remarcó que “este 2021 fue un año de trabajo muy intenso, porque más allá de la satisfacción por haber logrado este derecho hemos avanzado mucho en la implementación de la Ley en todo el territorio nacional”.
Además, destacó que si bien “aún resta garantizar el acceso igualitario de todas las personas en todo el país, es importante saber de dónde partimos en cada caso, porque hay provincias como Buenos Aires, que ya estaban avanzadas en la práctica de la ILE, en otras no había centros de salud que garantizaran este derecho y por eso uno de nuestros principales objetivos es el fortalecimiento de los equipos de salud y la capacitación en toda la Argentina, para disminuir las brechas de desigualdad”.
Ante la pregunta sobre qué datos tenían en Nación de la aplicación de la ley en Córdoba, Valeria Isla reconoció que la implementación de la ley avanza con paso firme. “estamos trabajando con los programas provinciales, Córdoba participa del Programa Federal y cuenta con una presencia muy importante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que coordina con nosotras y con los gobiernos de la Provincia para que los derechos y garantías que ofrece la ley sean cada vez más fluidos”.
En cuanto a los números, destacó que se han enviado más de 4900 dosis de Misoprostol –la droga con la que realiza la práctica- y se han formado más de 1000 profesionales de la salud que trabajan en Córdoba. En cambio, no cuentan con datos de las obras sociales y los establecimientos privados, que también están obligados por la ley a garantizar la IVE y la ILE y que, en caso de objeción de conciencia, deben informar y derivar las pacientes a otros centros, sin dilaciones.
Sobre las cerca de 30 presentaciones judiciales que se han hecho contra la ley 27.610, básicamente alegando inconstitucionalidad, Isla recordó que “de todas esas denuncias, impulsadas por grupos muy pequeños, hay 26 que directamente han sido rechazadas y el resto está en trámite. Pero –insistió- hay que recordar que se trata de una ley que es robusta, que es fuerte, que está basada en la salud pública y los tratados internacionales que en Argentina tienen rango constitucional y sobre todo que está demostrado que esta ley mejora los estándares de salud sexual y reproductiva”.
Valeria Isla se refirió también al carácter preventivo de la ley, porque se compromete a garantizar la provisión permanente de métodos anticonceptivos en todo el país, la reafirmación de la Educación Sexual Integral a todos los niveles y la conformación de una cadena de organizaciones que permita el acceso a la salud, para poder decidir y evitar los embarazos forzados.
Finalmente, destacó la atención de la línea confidencia y gratuita 0800 233 4333, que en el último ha recibido más llamados que en toda la década anterior (19.000 consultas contra 7300 en el período 2011-2020) y del papel de las universidades, que están comprometidas en la información y la formación de sus profesionales para garantizar los derechos que prevé la nueva legislación.