Ciudadanos sospechados de realizar ocupaciones ilegales de terrenos en la localidad de Cuesta Blanca salieron al cruce de las distintas acusaciones vertidad, en las últimas horas, en distintos medios de la provincia.

Representados por su abogada, Daniela Puente, remarcan que cuentan con distintos recursos para acreditar la ocupación de los terrenos por largo plazo de tiempo.

Como contrapartida, aseguran que son víctimas de amenazas y hostigamiento por personas que reclaman como propias tierras sobre las que no pueden demostrar propiedad. Los lotes, aseveran, habían sido adquiridos por sociedades ya disueltas por lo que corresponden nuevamente a la órbita fiscal.

"Dicen que son propietarios de tierras pero en ningún momento se acercan con una escritura, en ningún momento tienen actitud de diálogo. Nosotros estamos haciendo posesión de dos o tres lotes con todo lo que la ley 9150 manda", señaló la letrada en comunicación con Canal 10.

"Estas tierras pertenecían a Cuesta Blanca SA, Algarroba y otras, que tuvieron posesiones en barrio Comechingones. Estas sociedades fueron investigadas por la reventa de lotes que se habían adquirido para solventar los gastos de la liquidación de la sociedad. Por esto, cuando se acerca la fiscalía, no pueden tomar acción porque no tienen ningún título que acredite que ellos tienen derecho sobre estas sierras. Nosotros tenemos saneamientos de títulos y todo lo que acredita posesión pública, pacífica e ininterrumpida desde hace dos años", amplió.

De tal manera, desmintió los categóricos dichos proferidos por el abogado Eduardo Sosa, quien señaló la existencia de masivas usurpaciones, tanto de terrenos como de casas, a las que confirió carácter mafioso.

"Tenemos todos los papeles que acreditan nuestra titularidad, desde la inscripción en el Registro de Poseedores. No hay clandestinidad ni ocultamiento en lo que hacemos", enfatizó.

Imputado. En abril de 2018 la fiscal Andrea Heredia Hidalgo imputó al mencionado abogado Eduardo Sosa por los delitos de uso de instrumento público falso y estafa procesal.