Hace un año nos preparábamos para dar el debate que permitiría arrebatar al patriarcado uno de sus engranajes claves. El derecho de decidir sobre nuestra capacidad reproductiva, históricamente en manos del Estado y sus instituciones, hoy finalmente se funda en la libertad de conciencia y la responsabilidad de quienes gestan. La ley 27.610 otorgó el marco legal para garantizar un acceso al aborto, seguro y en igualdad de condiciones, a todas las mujeres del país.

La sanción ocurrió en el marco de las restricciones de circulación, por lo que debió enfrentar una serie de desafíos para volverse efectiva. Uno de ellos fue la propia pandemia, ya que la prioridad de la emergencia sanitaria se impuso –a veces como excusa– en los distintos centros de salud donde la ley debe implementarse. Otro fue la acción sistemática de algunas expresiones fundamentalistas minoritarias que arrogándose representatividad de nula base democrática desplegaron sus recursos e influencias ante una Justicia debilitada y sospechada de arbitrariedad y oportunismo. Las 34 acciones interpuestas en diferentes juzgados, si bien no cuentan con argumentos para mellar la aplicación, apuestan a confundir y atemorizar a los y las profesionales a cargo de la atención.

Pero la extensión y diversidad de un país como la Argentina, asociadas a la condición federal, descentralizada -y muchas veces precarizada- del sistema de salud nacional, se transformaron en una de las principales dificultades que enfrentó la aplicación de una ley como la 27.610. Esta fue la razón por la que Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CCD) se propuso como tarea fundamental el extender y multiplicar el acompañamiento a las diferentes instancias involucradas en todos los rincones del país. Para nuestra sorpresa, en las diferentes acciones provinciales en las que generamos articulaciones, constatamos que la legalización del aborto no había pasado desapercibida para prácticamente nadie. A diferencia de la mayoría de nuestras regulaciones, el interés en los debates (tanto de 2018, como de 2020) abonó los picos de audiencia en las transmisiones organizadas por nuestros máximos órganos legislativos, y garantizó que la confirmación de la aprobación llegara a los rincones más distantes del país.

Los vacíos, en cambio, tienen que ver todavía con el “quiénes”, “cómo”, “dónde”, y “cuándo”, tanto de parte de usuarias como de efectores. Como lo muestran los diferentes informes y estadísticas que se producen a nivel nacional, y el monitoreo provincial que estamos terminando de procesar en CDD Argentina, hay una demanda explícita de mayor capacitación no sólo en la metodología clínica, sino también en la evaluación del consentimiento, en la determinación de responsabilidades, etc.

Pero, como en todos los aspectos en los que se ponen en juego privilegios, las barreras más importantes son las culturales, las asimetrías, las particularidades, los contextos adversos para el acceso a la información, a los recursos, a la justicia.

Multiplicar es la tarea

Las estrategias surgidas a lo largo de años de militancia feminista permitieron construir redes de diferentes características, más o menos orgánicas, nucleadas por profesión o por sindicato, ancladas territorial o políticamente. El fortalecimiento de ese tejido brillante y delicado, que emerge como las telarañas bajo la lluvia y resultó clave para multiplicar la sororidad de los acompañamientos cuando la práctica era clandestina, hoy es una herramienta fundamental para avanzar en la aplicación efectiva y democrática de la ley. A través de esos canales el texto definitivo de la Ley, y el Protocolo para la atención de la interrupción voluntaria y legal del embarazo actualizado en 2021, se vuelven cita entrecomillada en conversatorios, interconsultas y grupos de WhatsApp.

El rol de los medios de comunicación y de sus profesionales periodistas requiere de una urgente y permanente actualización para referirse a las noticias vinculadas con el aborto. El tratamiento de la información desde paradigmas de derechos humanos y con encuadre en la noción de la comunicación como servicio a la comunidad instalado por la -también generalmente desconocida, pero vigente- ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es indispensable para no ser funcionales a la manipulación interesada de los sectores antiderechos.

Y fundamentalmente es necesario tener presente que la legalización del aborto es un inmenso paso, pero aun así sólo un paso, hacia la destrucción de la extensa maquinaria de subordinaciones, prejuicios y mandatos que recaen sobre las mujeres. Las múltiples violencias y discriminaciones que operan en los diversos contextos impiden en muchos casos la mera alusión a la práctica, y obturan su incorporación como posibilidad en el repertorio de respuestas ante un embarazo no programado.

Por otra parte, en un país entrenado para homogeneizar una determinada identidad cultural construida por ciertas “intelligentzias” que satanizan toda expresión que no responda a un imaginario “feminista” o a un imaginario “nacional”, la diversidad étnica y cultural muchas veces permanece excluida de los debates y de las respuestas frente a algo tan esencial como la reproducción humana.

En ese sentido, la tarea realizada por CDD junto a la organización ARETEDÉ y el equipo de la radio La Voz Indígena es apenas una pequeña muestra de la complejidad de pensar los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de las comunidades wichi, guaraní, qom y chorote. La tarea de adaptación socio-lingüística de protocolos y consentimientos informados, coordinada por Mónica Menini y Mariana Ortega, plasmada en la Colección “Cuerpos y Libertades”, fue posible gracias a la existencia de una poderosa organización territorial y de la escucha y respeto a las idiosincracias y tradiciones originarias.

A su vez, los monitoreos sociales y las capacitaciones realizados desde el Área Salud de CDD en La Rioja, Santiago del Estero y Formosa como parte del Proyecto “Rodando Derechos” nos confirmaron que en el interior del interior existen equipos comprometidos, pero con pocos recursos. Y gestiones locales de dispar adhesión y respaldos contradictorios a la ley.

En movimiento

Una de las dudas posteriores a la sanción de la ley tuvo que ver con la imposibilidad para sostener la movilización y el activismo “de calle” característico de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. La segunda ola de la pandemia, arribada en el otoño 2020 a la Argentina, impuso límites a la capacidad de monitorear y acompañar el cumplimiento de la Ley.

Sin embargo, las diversas actividades presenciales realizadas por el feminismo post-sanción del aborto han dado claras muestras de que el movimiento goza de buena salud, y han confirmado también su ambición política: el aborto no es el techo de las reivindicaciones demandadas, sino un objetivo intermedio tendiente a debilitar el sistema patriarcal obsoleto para los contextos democráticos.

Estamos celebrando el primer aniversario, y lo hacemos con la satisfacción de los saldos a favor, pero también con la certeza de un futuro más igualitario. Porque contamos con las pibas: esa generación que inauguró su activismo con el pañuelo verde y que está dispuesta a discutirlo todo, a fundar nuevos acuerdos de convivencia más libres, más justos y más felices.