La resistencia de sesenta empleados judiciales provinciales, a vacunarse contra el coronavirus o a realizarse test de PCR para volver al trabajo presencial, escaló este miércoles con la denuncia que presentó el administrador del poder judicial de Córdoba, Ricardo Rosemberg.

"Han ingresado, se han dirigido a su oficina y se han instalado", dijo el funcionario en diálogo con Canal 10 sobre la actitud del grupo de empleados que se niega a acatar la resolución del Tribunal Superior de Justicia.

El máximo cuerpo judicial en la provincia estableció que los trabajadores que no hayan sido inoculado con ninguna dosis contra el Covid-19 y no cuenten padezcan una enfermedad grave deberían concurrir a tribunales y practicarse un test PCR cada 72 horas. Frente a las personas que no cumplan con la medida la institución ordenó que soliciten licencia sin goce de sueldo.

Rosemberg señaló que este grupo de empleados "está atentando contra la salud pública". Además dijo que el TSJ respondió a los planteos de otros trabajadores que manifestaron sus quejas por el riesgo a contagiarse de coronavirus.

Desde la vereda de enfrente, la abogada Mariela Pérez Cesaratto, aseguró que los motivos de sus defendidos para no vacunarse abarcan "desde la objeción de conciencia hasta tienen miedo porque las vacunas son experimentales".

Ver: Tribunales de Córdoba: polémica por judiciales que no quieren vacunarse ni hisoparse

Además la letrada remarcó que si el TSJ avanza sobre la retención de haberes de los empleados podría incurrir en "mobbing laboral y otros delitos penales”.