Denunciaron por discriminación a una docente de Derecho Privado
La Asociación Civil Devenir Diverse presentó el documento ante el INADI.
Este jueves, la Asociación Civil Devenir Diverse presentó una denuncia ante el INADI contra la docente Alicia García de Solavagione. La profesional se desempeña en la Facultad de Derecho de la UNC y es titular de la cátedra "A" de Derecho Privado VI.
El texto se fundamenta en "severos actos de discriminación" que son expresados en la bibliografía básica y obligatoria de la cátedra. Se trata del “Manual de Derecho de Familia”, redactado por García de Solavagione y otros docentes de la Cátedra
La denuncia cuenta con el testimonio de la Dra. Marisa Herrera y la adhesión de la Diputada Nacional Gabriela Estévez y la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, entre otras personas y entidades.
El manual de la Cátedra plantea una presunta “ilegalidad” de las familias monoparentales y de las “relaciones homosexuales”; patologiza las identidades trans, y manifiesta violencia simbólica permanentemente en nombre de supuestos fundamentos científicos, según expresó la agrupación, absolutamente inexistentes.
Fue editado en 2016 por la Editorial Advocatus y publicado con posterioridad a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
“García de Solavagione es responsable de transmitir consideraciones homolesbotransodiantes, ignorando el conocimiento científico y la legislación civil que rige en su propio país, concediendo autoridad al derecho canónico por sobre el derecho civil", manifestó la Lic. Carolina Rusca, coordinadora de Devenir Diverse en el Departamento Capital..
Y agregó: "Es responsable de discriminar, de ejercer violencia simbólica y de pretender formar profesionales del derecho y funcionarixs de la justicia retrógradxs e ignorantes. Solicitamos al INADI que se expida a favor de la denuncia y ante la gravísima situación que acontece hoy en una Universidad pública, gratuita y laica”.
Fragmento del “Manual de Derecho de Familia”, redactado por García de Solavagione:
“Aunque el ejemplo sea riguroso, no es lo mismo tener una actitud social de comprensión para con los drogadictos, intentando una política de reinserción social, y otra muy diferente sería reclamar el derecho a la drogadicción como un derecho fundamental y por tanto reclamar protección jurídica para el tráfico de drogas. De hecho el tráfico y venta de estupefacientes siguen estando penalizados.
Por lo tanto si las relaciones homosexuales hoy son aceptadas, ello no implica que estén absolutamente legitimadas. La sociedad puede hacerse más tolerante y no penalizar las conductas homosexuales, y con ello evitar la discriminación. Pero la tolerancia no cambia la realidad. Ni siquiera la legalización de determinadas conductas, utilizando la ficción jurídica. El orden público atiende a los datos de la realidad y a la biología. La sociedad está en su derecho a proteger determinados modelos de matrimonio que están acordes con los datos biológicos.
El derecho civil se basa en las consecuencias naturales que llevan consigo unas relaciones heterosexuales: la descendencia y, por tanto, la regulación de la herencia, obligaciones de mantenimiento económico de la familia. El derecho debe ser el garante del orden público también en el ámbito familiar.”