El Tribunal Federal N° 2 de Córdoba inició este miércoles 8 de marzo el juicio contra el terrorismo de Estado, en contra de tres integrantes de lo que se llamó “la temible patota de la Perla”: Ernesto “El Nabo” Barreiro, Carlos “El Principito” Villanueva y Carlos “HB” Díaz, tres genocidas ya condenados en el histórico juicio de la Megacausa de La Perla y Campo de la Rivera.

Ver: Córdoba: inicia el juicio al terrorismo de Estado por la Casa Quinta de Guiñazú

La primer testigo en declarar fue Cristina Guillén. Cristina nació y militó en Córdoba. Estuvo detenida (legal e ilegalmente) en 1974 y entre 1979 y 1984 en distintas Unidades de la provincia de Córdoba y luego trasladada a Buenos Aires. Su esposo, Rubén Amadeo Palazzesi, fue secuestrado en agosto de 1979 y asesinado en el centro clandestino que funcionaba en la Quinta de los Viotti, de la ciudad de Córdoba. Denunció el caso de su pareja ante la CONADEP.

La mujer relató que Rubén fue secuestrado junto a José Jaime García Vieyra y su cuñado, Nilveo Teobaldo Cavigliasso. Los tres fueron torturados, pero por esto Palazzesi murió. Los genocidas pusieron el cuerpo en un auto, lo dinamitaron y le prendieron fuego, simulando una fuga que nunca existió.

La misma Cristina fue también secuestrada dias después que lo fue su esposo y su testimonio fue muy claro, contando los padecimientos que sufrió en el D2 de la Policía, luego en la cárcel UP n°1 y trasladaba a la cárcel de Devoto en Buenos Aires.

Lo insólito, es que mientras estaba secuestrada, se le inició una causa en la justicia federal. Pudo recuperar su libertad en 1984.

En diálogo con el periodista de los SRT, Jorge Vasalo, Cristina recordó el momento cuando se llevaron a su marido: “Fue un momento terrible, en plena dictadura, no teniamos posibilidad de defendernos. La incertidumbre y desprotección fue total”.

“Creo que eran militares los que entraron a la casa, eran todos lo mismo. Nos hicieron unas preguntas, después buscaron plata y lo que buscaban era la vida, por lo que le terminó pasando a Rubén”, expresó.

El padre de Cristina también fue secuestrado, por supuesta “asociación ilíctita con su hija”. La falta de derechos llegó al punto, que estando detenida en la UP1, el director de la cárcel directamente no le permitió hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había llegado al establecimiento.

“Saqué las manos por las rejas y ahí fue que pude hablar. Todo esto está en un expediente de la Comisión", relató.

Cristina remarcó que los funcionarios judiciales que le iniciaron la causa en la justicia federal, los veía en la cárcel y observó “como se repartian las causas” con los militares.

La mujer pudo recuperar su libertad en enero de 1984, tiempo después del retorno de la democracia, tras la asunción del presidente Raúl Alfonsín.